Jerusalén (AsiaNews) - La Administración Civil de Israel ha confiscado ayer el material para un parque infantil que el Gobierno italiano había donado a una escuela (en la foto) en Khan al- Amar, asentamiento de beduinos al este de Jerusalén, contra los que también se publicaron decenas de órdenes de demolición.
Los
Inspectores de la Administración, informa Haaretz,
llegaron y anunciaron la incautación de dos camiones, acompañados por un
representante del consulado italiano, llevando materiales de construcción y
otras cosas, como un balancín de tres plazas, una diapositiva con una galería y tres
escalas, recibidos con entusiasmo de los niños.
El
representante consular ha tratado en vano de detener el ataque, motivado por la
"ilegalidad " de la instalación.
La
escuela, construida en 2009, es un establecimiento ecológico de barro y neumáticos
viejos que mantiene una temperatura constante en las aulas, tanto durante el
invierno como en el verano. Fue
construido por los propios residentes con ayuda financiera europea, y se
inspira en un enfoque arquitectónico que utiliza materiales reciclados
fácilmente obtenibles por los pobres.
El
campamento de Khan al- Amar, que se encuentra a lo largo del camino de Jericó,
es el hogar de la tribu Jahalin que Israel ha alejado de la Negev en 1950. Cerca
de 250 personas han vivido allí durante décadas, en tierras pertenecientes a la
aldea de Anata. El
asentamiento de Kfar Adumim se encuentra a sólo dos kilómetros del lugar, pero
(al igual que con todas las demás comunidades beduinas entre el este de
Jerusalén y Jericó), la Administración Civil se niega a permitir a los
residentes construir o conectarse a la infraestructura pública, sobre la base
de que el área no tiene un plan aprobado.
Así
la escuela, que cuenta con 128 alumnos, en su mayoría niñas de 6-13 años de
edad, fue construida sin permiso. La
Administración Civil ha emitido órdenes de demolición en su contra y en contra
de decenas de otras estructuras del campamento.
En
los últimos años, Kfar Adumim presentó tres veces las peticiones ante el
Tribunal Superior de Justicia, tratando de detener las órdenes de demolición. Las
dos primeras fueron rechazadas, y en noviembre pasado el acuerdo (y dos de sus
barrios, Alon y Nofei Prat ) presentó otra apelación.
La Administración Civil no respondió a una solicitud de comentarios.