El gobierno está preparando la ejecución de 14 prisioneros de varias nacionalidades, que será realizada dentro de tres días. Todos son acusados de tráfico o tenencia de drogas. Mons. Shuaryo pide a los fieles oraciones especiales “para que la pena capital sea eliminada de nuestro sistema legal”. La Unión Europea pide la suspensión de las ejecuciones. India y Pakistán apelan para salvar la vida de sus propios conciudadanos.
Yakarta (AsiaNews)- Aliento a “todos los católicos de las diócesis a hacer una plegaria especial, con la esperanza que un día sea aprobada una moratoria sobre la pena de muerte y ésta sea abolida de nuestro sistema legal”. Es el pedido dirigido a todos los fieles de parte de Mons. Ignatius Suharyo, arzobispo de Yakarta, tras recibir la noticia de que dentro del fin de semana 14 condenados a muerte serán ejecutados en Indonesia.
En un mensaje publicado a través de las redes sociales, el arzobispo, “personalmente preocupado por este problema”, pidió a todos los sacerdotes de su arquidiócesis que “difundan la opinión y la posición de la Iglesia católica sobre este tema y, al mismo tiempo, rezar por aquellos que están cerca de la muerte”.
Los condenados a muerte están encerrados en aislamiento desde hace dos días en la prisión de Nusakambangan, Cilacap (Java Central) y antes del 31 de julio serán ajusticiados, por medio de pelotones de ejecución. El ministro de Justicia, M. Prasetyo, confirmó que las ejecuciones serán llevadas a cabo. Los prisioneros, todos acusados de tráfico o tenencia de drogas, provienen de Indonesia, Nigeria, Zimbawe, Pakistán, India y China. Hoy, las autoridades entregaron 14 ataúdes al personal de la prisión.
Mons. Shuaryo criticó la gran exposición mediática que se está haciendo a medida que se acercan las ejecuciones. El arzobispo luego citó la encíclica “Evangelium Vitae” de san Juan Pablo II (1995). “Basándonos en las enseñanzas católicas, consideramos la pena de muerte legítima cuando las obras criminales son de extrema gravedad, pero a los jueces hay que aconsejarlos para que prefieran o elijan otras opciones, si es posible para tutelar la dignidad de la persona humana”.
Desde hace tiempo la Iglesia indonesia, junto a la Comisión de Justicia y Paz, se opone decididamente a las ejecuciones programadas por el gobierno de Yakarta. La Comisión creo un equipo de 11 abogados que trabajan pro bono por las personas inocentes, que son confundidas con traficantes de drogas.
En los últimos días causó sensación el hecho de que haya sido incluida Merri Utami en la lista de los 14 condenados. La mujer indonesia, trabajadora migrante, fue castigada con la pena de muerte en el año 2003 por posesión de un kilogramo de heroína. Ayer, un grupo de personas se manifestó frente al palacio de gobierno pidiendo su liberación: la mujer, de hecho, sería víctima de una trampa ideada por los traficantes, que le habrían entregado la sustancia sin estar ella al tanto de qué le era consignado. El caso es muy similar al de Mary Jane Veloso, mujer filipina que también se encuentra en el corredor de la muerte (aunque aún no le hayan adjudicado turno en las ejecuciones).
Por su voluntad de realizar las condenas, Yakarta es objeto de críticas de parte de la comunidad internacional. La Unión Europea pidió la suspensión de las muertes. Hoy, el ministro de Relaciones Exteriores de la India dirigió un último pedido al gobierno indonesio para salvar la vida de un hombre de 48 años que es acusado de tráfico. También Pakistán intensificó los esfuerzos diplomáticos para obtener la suspensión de la pena de un compatriota.
Indonesia tiene una de las leyes anti-droga más severas del mundo, para combatir a la que el presidente Joko Widodo definió como “una emergencia nacional”. Desde 1979 a 2015, se han llevado a término 66 ejecuciones capitales.