La norma, que fue aprobada por el Parlamento en los últimos días, aguarda que el presidente Al Sissi dé su visto bueno definitivo. La misma prevé penas de hasta cinco años de prisión y multas por un tope máximo de 600.000 euros. Según los críticos, pone enormes límites al activismo y tendrá un impacto “devastador”.
El Cairo (AsiaNews) – En el seno de la sociedad civil egipcia, desde hace días crecen la inquietud y la preocupación, luego de que el Parlamento aprobara un proyecto de ley que impone pesadas restricciones al trabajo que desarrollan las organizaciones no gubernamentales (ONG) presentes en el país. Una norma que complica aún más una realidad que, desde hace ya varios años, atraviesa condiciones de grave dificultad.
El proyecto de ley fue aprobado por una amplia mayoría del parlamento el 29 de noviembre pasado. Ahora el texto se encuentra en el despacho del presidente de la República, Abdel-Fattah Al-Sissi, para su firma final y promulgación.
En realidad, el jefe de Estado podría decidir, de considerarlo necesario, reenviar el texto al recinto, una o más veces, para eventuales o ulteriores modificaciones. En el contexto de la firma final del presidente, también está prevista la publicación en el Boletín Oficial y la entrada en vigencia ese mismo día.
Para dar un ejemplo, esta nueva ley no permitirá a las ONG egipcias desarrollar sondeos sin previa (y especial) autorización concedida por parte del Estado. Y para la sucesiva publicación de los resultados del sondeo, también en este caso, se requerirá un nihil obstat de las autoridades.
Con respecto a la ONG extranjeras, éstas deberán depositar en las arcas del Estado egipcio una suma equivalente a cerca de 19.000 euros para poder operar en el territorio.
El texto de la reforma también prevé la creación de un organismo de representación de servicios de seguridad del Estado (Amn Al-Dawla), de la inteligencia y del ejército, para reglamentar todas las cuestiones inherentes al financiamiento externo de las ONG. Por otro lado, debe recordarse que estos elementos no conforman ninguna novedad, puesto que ya estaban previstos en la vieja normativa en dicha materia. Simultáneamente, este organismo se ocupará de gestionar las actividades de las organizaciones extranjeras que ya están presentes en el territorio, o que tienen la intención de operar en Egipto a futuro.
La nueva ley prevé penas variables que llegan a un máximo de cinco años de prisión, y multas que tienen un tope de 600.000 euros para los transgresores. A las ONG locales e internacionales se les prohíbe desarrollar cualquier forma de “actividad política”, así como llevar a cabo cualquier gesto que pudiera atentar contra “la seguridad nacional o el orden público, la moral o la salud pública”.
El representante especial de la ONU para el derecho a la libertad de asociación y de asamblea pacífica, el keniano Maina Kiai, declaró, en una nota oficial, que la ley tendrá un impacto devastador en la sociedad del país. Y esto no sólo en el presente, sino que ésta afectará también a las generaciones futuras.
Según Kiai, la nueva ley contradice las leyes internacionales aprobadas con anterioridad por Egipto, y viola la Constitución egipcia misma. “La ley destruirá – afirma el diplomático de las Naciones Unidas- el compromiso civil pacífico de Egipto desde sus mismas raíces. La sociedad civil será devastada por esta ley, no sólo en el corto plazo, sino quizás también en las generaciones por venir”
En una declaración oficial totalmente análoga, los activistas de Human Rights Watch (HRW) hacen un llamado al presidente Al Sissi, para que rechace esta ley.
Por su parte, la sociedad civil aclara que no fue consultada durante la redacción de la misma.