Tras una investigación solicitada por el presidente filipino Rodrigo Duterte, el jefe de la Oficina de Inmigraciones (BI) comunicó a la religiosa la orden de dejar el país dentro de 30 días. Los abogados de la misionera anuncian un recurso.
Manila AsiaNews/Agencias)- “Denle a sor Patricia Fox la posibilidad de continuar sirviendo a nuestro pueblo”. Es el pedido que Mons. Rómulo Valles, arzobispo de Davao y presidente de la Conferencia episcopal (CBCP) dirigió al gobierno filipino, pidiendo que se revoque la orden de expulsión dispuesta para la misionera australiana de 71 años, conocida activista por los derechos humanos. Ella es la superiora de las Religiosas de Nuestra Señora de Sión en Filipinas, donde trabaja desde hace 27 años, la misionera fue arrestada la semana pasada y liberada después de un día, con la acusación de “haber participado en manifestaciones contra el gobierno”.
Después de una investigación pedida por el presidente filipino, Rodrigo Duterte, el jefe de la Oficina de Inmigraciones (BI), Jaime Morente comunicó a la religiosa la orden de dejar el país dentro de los 30 días, a partir del 23 de abril pasado. La visa renovable como misionera de la religiosa, que debería caducar en septiembre, fue revocado el mismo día. Una vocera del BI declaró que sor Patricia podría volver al país como turista, pero no como misionera.
Expresando amargura por la decisión del gobierno, Mons. Rómulo Valles declaró ayer: “Hacemos un sincero pedido, para que las autoridades la puedan reconsiderar. Consideramos que sor Patricia trabaja por el amor a Cristo sirviendo a nuestro pueblo”. Jobert Pahilga, uno de los abogados de la misionera, anunció: “Presentaremos una moción contra esta orden. Ella no ha participado en ninguna actividad de partido. Ella es una religiosa”.
En una breve nota difundida en internet, sor Patricia se declaró “sorprendida” por la cancelación de su visa, que ella conoció sólo a través de los medios. “Creía que el proceso proveyese de 10 días para que yo pudiese hacer mi declaración para responder a las acusaciones -afirmó la religiosa-. Estoy muy triste por tener que dejar Filipinas. Podré perder el derecho de permanecer en el país, pero jamás podré perder las lecciones aprendidas y los hermosos recuerdos”
Mientras tanto, católicos y activistas por los derechos humanos se oponen a la decisión, sosteniendo que detrás del arresto y la expulsión de sor Patricia se oculte una campaña gubernamental contra el disenso. Algunos expertos locales temen además que el caso pueda constituir un peligroso precedente para la obra misionera de los extranjeros en el país.