La australiana OceanaGold Corp. es la responsable de la evacuación de centenares de familias”. Ong y comités civiles denuncian “agua y aire contaminados, deforestación y daños a la agricultura”. Se analiza en el gobierno la posibilidad de renovar la licencia de la empresa. Activista: “Combatir a las compañías mineras extranjeras es una empresa gigantesca”. “Sabemos que esta será una lucha”.
Bayombong (AsiaNews) – Desde el pasado 1°de julio, activistas y ciudadanos del remoto pueblo de Didipio- a unos 335 Km al norte de Manila- recurrieron a las barricadas para frenar las operaciones de una mina que continúa extrayendo oro y cobre, no obstante su licencia haya vencido. El bloqueo de los manifestantes interrumpen las rutas de acceso al yacimiento: ningún camión entra o salga de la cantera. La protesta, prometen los activistas, continuará hasta cuando las operaciones serán suspendidas definitivamente. Cerca de 50-100 residentes vigilan las barricadas las 24 horas, y toda la semana, día tras día.
La Didipio Gold-Copper Mine es un establecimiento de propiedad de la OceanaGold Corp., coloso de la industria minera con sede en Melbourne (Australia). La mina se extiende por unas 12 mil hectáreas en la cuenca hidrográfica de la provincia de Nueva Vizcaya, en la región de Cagayan Valley. El territorio está situado en el corazón de Luzon, la más vasta y poblada isla del archipiélago filipino. Según los datos dados por la multinacional australiana, el año pasado el establecimiento produjo 3,25 toneladas de oro y 15.239 de cobre. La expectativa de vida del yacimiento supera el año 2032.
En una petición enviada a los entes del gobierno a mitad de junio, Ong y comités populares denuncian que la compañía “es responsable de la evacuación de centenares de familias, muchas de las cuales tribales, desde el momento que se apropiaron de sus tierras y demolió sus casas”. “Muchos residentes- se lee en el documento- fueron estafados y no recibieron una justa indemnización. En el curso de su lucha contra la OceanaGold, defensores del ambiente pagaron con sus propias libertades civiles, posibilidades y también con la vida. A causa de las actividades de las extracciones, miles de ciudadanos sufren por el agua y el aire contaminado, la deforestación y los daños a la agricultura”.
Las autorizaciones concedidas por Manila para las operaciones en la mina terminaron el pasado 22 de junio. Un día antes de la finalización de las autorizaciones, fijada para el pasado 22 de junio, la empresa envió una carta al consejo del pueblo de Didipio. Citando una norma del Código administrativo, la OceanaGold, afirma que las licencias existentes no caducan hasta cuando las autoridades competentes no se expresen sobre el pedido de renovación.
Guiados por la Kalikasan People's Network Alliance for the Environment (Kalikasan PNE), los ambientalistas piden al Departamento del Ambiente y de los recursos naturales (DENR) y a la Oficina minas y Geociencias (MGB) de manila que no renueven el contrato- llamado Financial or Technical Assistance Agreement (FTAA) – con la OceanaGold. El 27 de junio, el gobierno provincial de Nueva Viscaya emitió una orden que limita la actividad de la sociedad minera. Este no obstante las indiscreciones DNR y MGB han ya expresado una decisión positiva para la renovación del FTAA y han enviado el trámite a la Oficina del presidente filipino, Rodrigo Duterte. Pero en el año 2016, bajo la guía del ex secretario Gina López, el DERN había ordenado la suspensión de la OceanGold después de haber realizado una verificación y descubrió diversas violaciones en el campo administrativo y ambiental.
Entre los que apoyan las protestas de los ciudadanos está Mons. José Elmer Imas Mangalinao, vescovo di Bayombong, capital de Nueva Viscaya y diócesis donde se encuentra Didipio. Al prelado se unen también organizaciones de activistas religiosos como Promotion of Church People's Response (PCPR). Nardy Sabino, secretario general, declara a AsiaNews: “Cuando las comunidades locales demuestran valentía e insisten en no desear más un nuevo FTAA para la OceanGold, debemos respetarlas. Ellas deben detener el deterioro ambiental y salvaguardar su cultura y las áreas agrícolas amenazadas. Deberían ser aplaudidas”.
“Los gobierno- prosigue Sabino-no deberían obrar contra la voluntad de las personas, sobre todo cuando están involucrados pueblos indígenas. Puede ser también verdad que algunos han ganado millones de la mina, pero el tiempo demostró que la mayor parte de estas ganancias quedó en el bolsillo de los extranjeros. Las personas no desean más a la OceanaGold. Comprendemos y apoyamos su decisión. Combatir a las compañías mineras extranjeras es una empresa gigantesca. Creemos que la clausura de la mina sea posible”. (P.F.)