Más de 20 países del Consejo por los derechos humanos han firmado un documento conjunto, sin embargo Beijing no está obligado a aplicarlo. En la provincia china estarían detenidos más de 1 millón de musulmanes. La ONU pide el libre acceso a los lager y el respeto de los derechos humanos.
Ginebra (AsiaNews/Agencias)- Más de 20 países del Consejo por los derechos humanos de las Naciones Unidos han firmado un documento en el cual piden a China poner fin al maltrato de los musulmanes uigures en los centros de detención de Xinjiang. La carta conjunta, sin vínculos de actuación, pide además a Beijing permitir el libre acceso a los inspectores de la ONU y de las otras agencias internacionales.
El documento fue firmado el 8 de julio y divulgado ayer. Entre los que firmaron hay 18 países UE, además de Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelandia. La carta sostiene la críticas contra las detenciones ilegales “en larga escala, la difundida custodia y las restricciones aplicadas en particular contra los uigures y otras minorías de Xinjiang”.
Los uigures, etnia turca que vive en Xinjiang, piden desde hace decenios una mayor autonomía política y económica, pero Beijing los acusan de separatismo y de terrorismo, justificando una áspera política de control militar. Recientemente salió un estudio de la Bbc que revela que centenares de niños fueron separados de sus propios padres con el intento de sacarlos de sus raíces étnicas-religiosas.
Varias veces la ONU pidió visitar Xinjiang para poder verificar los abusos contra los uigures. China está acusada de haber encerrado contra su voluntad a al menos 1 millón de ellos, sometidos al lavado de cerebro para debilitar su apego a la fe islámica, considerada como una “radicalización”. Contra los testimonios de muchos sobrevivientes, Beijing siempre dijo que los campos son simplemente “centros de formación profesional”.
Mientras que muchos países musulmanes callan frente a las persecuciones realizadas en los lager, los países que han firmado el documento de la ONU declaran: “Pedimos a China aplicar las leyes nacionales y las obligaciones internacionales y respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales, comprendidas la libertad de religión o credo en Xinjiang y en todo el país”.