Assam, en construcción el primer centro de detención de masa para los ciudadanos ‘ilegales’

El campo está compuesto por 15 edificios de 4 pisos, escuelas y un hospital. La zona elegida por el gobierno es West Matia, en el distrito de Goalpara. El lager hospedará a 3 mil personas, entre los 1,9 millones de excluidos del Registro nacional de los ciudadanos. La pesadilla de perder la ciudadanía llevó al suicidio ya a 51 personas.

 


Nueva Delhi (Asianews/Agencias)- La obra de construcción del primer centro de detención de masa para aquellos que fueron excluidos del Registro nacional de los ciudadanos en Assam está “a buen punto”. Lo aseguran los ingenieros que están llevando a término los 15 edificios de cuatro pisos, escuelas y un hospital, un auditorium y 180 baños. El primer campo indio para los ciudadanos declarados “ilegales” está surgiendo sobre 2,5 hectáreas en West Matia, en el distrito de Goalpara, a cerca de 150 Km de la capital Guwahati.

Rabin Das, uno de los constructores, refiere que la construcción “estará lista para fin de año”. El campo hospedará a cerca de 3 mil personas y tendrá también un área reservada a las fuerzas de seguridad. Para el proyecto India destinó 460 millones de rupias (5,8 millones de euros). La obra de construcción está confiada a la Assam Police Housing Corporation Limited. Los trabajos del primer campo iniciaron en diciembre de 2018 y en los próximos meses está prevista la colocación de la primer piedra de otras 9 residencias similares.

Los funcionarios del gobierno reaseguran a la población sobre el hecho que el centro no “será como una cárcel”. G Kishan Reddy, ministro de la Unión para los asuntos internos de los Estados, garantiza que “habrá una atención especial a las mujeres con niños y a las embarazadas. Los niños alojados en los centros de detención tendrán estructuras educativas”.

El 31 de agosto pasado las autoridades de Assam han publicado la lista de aquellos a los cuales le es reconocida la ciudadanía en el Estado indio. Los excluidos del National Register of Citizens (NCR) fueron 1,9 millones, mientras que en un primer censo eran 4 millones; a todos ellos se les concede una prórroga de 120 días para presentar nuevos documentos. Al finalizar este período, no se sabe cuáles serán las decisiones que serán tomadas.

En sustancia, los habitantes deben “probar” que residen en el Estado al menos desde el 24 de marzo de 1971, antes que Bangladés fuese independiente. Según las autoridades de hecho, desde aquel año India fue invadida por millones de migrantes bengalíes, que por lo tanto no tienen derecho de residencia. El mismo Premier Narendra Modi, reelegido para un segundo mandato en mayo de este año, condujo una campaña contra la inmigración ilegal, haciéndolo su caballo de batalla.

En estos meses la población vivió el censo como una verdadera y propia “caza de brujas” y sostiene que el único objetivo del gobierno sea reequilibrar la composición étnico-religiosa del estado, que teme una invasión similar a la de los Rohingyá. Aquí un tercio de los residentes (sobre un total de 32 millones de habitantes) profesa la religión islámica, a diferencia del resto del país que es de mayoría hindú: Millones son los tribales, la mayor parte analfabetos, que a menudo no poseen certificados de nacimiento para presentar en los controles. 

El miedo de perder el derecho de residencia, ser obligados a dejar la propia casa y ser encerrados en aquellos que son considerados lager a todos los efectos, puso en la desesperación a decenas de personas. La Ong Citizens for Justice and Peace, que está ayudando a la población en la compilación de los documentos, registró al menos 51 suicidios por parte de personas que vivían con “traumas y estrés”, la pesadilla de perder la ciudadanía.

Sarojini Hajong es uno de los excluidos de la lista de los ciudadanos. Declara al cotidiano indio Ndt; “Tengo miedo de no estar en grado de probar mi ciudadanía y terminar detenido. ¿Qué sucederá después? Todos sufriremos en mi familia, desde mis hijos a mi anciana madre y mi esposa enferma”.