Habla Adriana Elisabeth, directora del Centro de estudios políticos de un instituto del gobierno indonesio. El racismo hacia los papuenses es un fenómeno muy difundido en Indonesia. Desde el 19 de agosto, varias manifestaciones de protesta culminaron en hechos de violencia. “Yakarta debe comprender mejor el espectro de los derechos humanos; no detenerse en los aspectos políticos, sino más bien interesarse en la realidad económica y en las temáticas socio-culturales”.
Yakarta (AsiaNews) – Las sangrientas revueltas de las últimas semanas, que han sacudido los territorios más orientales del archipiélago indonesio – las provincias de Papúa y Papúa Occidental – “no derivan de tensiones sectarias entre la población autóctona e inmigrante; sin embargo, quien sea que esté detrás de los desórdenes”, es evidente que “conoce bien las problemáticas sociales del lugar, y podría aprovechar la violencia para obtener un rédito político a futuro”. Son las declaraciones que brinda a AsiaNews Adriana Elisabeth (foto), coordinadora de Papua Peace Network (Ppn) y directora del Centro de Estudios Políticos del Indonesia Institute of Sciences (LIPI) – un instituto del gobierno indonesio. La experta es coautora del libro “Papua Road Map” (2009) y en el pasado guió el equipo de investigación del LIPI.
Manokwari, Sorong, Jayapura y Wamena: son las ciudades donde, desde el 19 de agosto, se han sucedido algunos de los episodios de violencia más graves. El disparador fueron las protestas de la población local contra los episodios de racismo contra algunos estudiantes papuenses, ocurridos en Surabaya y Malang (provincia de Java Oriental) pocos días antes. Los grupos independentistas, infiltrados entre los manifestantes, elevaron aún más la tensión, que luego desembocó en reiterados enfrentamientos entre civiles y las fuerzas de seguridad, actos vandálicos e incluso una decena de muertos. Los relatos más trágicos llegan de Wamena, en la regencia de Jayawijaya, donde el 23 de septiembre pasado cientos de manifestantes incendiaron una oficina de gobierno y otros edificios: decenas de personas quedaron atrapadas en medio de las llamas y perdieron la vida.
Las autoridades indonesias afirman que la violencia en las provincias de Papúa y Papúa Occidental tienen un causa en común: “fraudes” y fake news [noticias falsas, ndt] de carácter sectario. “En Indonesia, el racismo contra los papuenses – explica Adriana Elisabeth – es un fenómeno difundido, cuyas víctimas son los estudiantes pero también las personas comunes y corrientes. Ellos cargan con el estigma del separatismo y más de uno no tiene siquiera un parecido físico con el resto de los conciudadanos. Desde el punto de vista de los independistas, la discriminación surgió a partir de la controvertida anexión del territorio a Indonesia, a través del Act of Free Choice de 1969. Desde entonces, cualquier iniciativa de Yakarta es vista con sospecha”.
Casi todas las víctimas del incendio en Wamena eran migrantes internos. No eran papuenses y tampoco provenían de otras islas. La tragedia desató el éxodo de su comunidad - declara la politóloga – de Papúa; no tiene nada que ver con problemáticas sectarias. Antes de que se produjera este episodio, las relaciones entre papuenses y no-papuenses [los primeros son en su mayoría, cristianos; los segundos, islámicos - ndr] siempre habían sido armoniosas. Si miramos la historia, quien envió la primera misión a Papúa (isla de Mansinam, Manokwari) fue Nuku, un sultán de Tidor, en las Molucas. Ello indica que la armonía social entre las comunidades religiosas tiene bases sólidas. Hablar de identidad papuense también significa comprender los valores islámicos”.
Desde su anexión, en la región de Papúa está en curso una insurrección de bajo perfil que busca la independencia, llevada adelante por grupos armados como el National Liberation Army of West Papua (TPNPB) y el Free Papua Movement (OPM). En abril del 2018, Joko Widodo fue el primer presidente indonesio en visitar este territorio remoto. Las tribus locales y sus líderes han presentado denuncias contra Yakarta en reiteradas oportunidades, por la explotación excesiva de los recursos naturales, en tanto activistas denuncian frecuentes violaciones de derechos humanos.
Para Adriana Elisabeth, el ciclo de violencia y violaciones de derechos humanos que se constata en Papúa “sigue siendo difícil de resolver, porque las perspectivas entre el gobierno (militares y políticos) y los papuenses difieren. Mientras los últimos piden a las autoridades que se lleve ante la justicia a los responsables de dichas violaciones, sobre todo a soldados y policías, los primeros sostienen que la seguridad del territorio debe ser la prioridad”.
“El gobierno – concluye la politóloga – debe comprender mejor el espectro de derechos humanos; no detenerse en los aspectos políticos, sino interesarse en la realidad económica y en temáticas socioculturales. Muchos episodios de abuso no están relacionados con la política y la seguridad, sino vinculados a los derechos sobre las tierras pertenecientes a la comunidad local. Los actores económicos, y en particular los inversionistas e industrias, normalmente muestran un desinterés por las tradiciones papuenses, y hacen primar las ganancias de sus actividades”. (PF)