Obispos filipinos: Como Hong Kong, nosotros también nos estamos deslizando hacia una dictadura

La Conferencia Episcopal nacional envía una carta a todos los fieles: “Roguemos por la ex colonia británica, como nos ha pedido el Card. Bo. También pedimos al mundo que ore por nosotros: la ley anti-terrorismo, aprobada por el gobierno, está pisoteando las libertades fundamentales de la población”. Los prelados advierten: “Así fue como empezó todo en 1972, en el alba de la dictadura de Marcos”. El texto completo del mensaje. 

 


Manila (AsiaNews) – Los obispos de las Filipinas “ruegan e invitan a rezar por Hong Kong, aplastada por una nueva ley represiva que socava los derechos de la población”. Al mismo tiempo, piden al mundo oraciones por su nación, “que se encuentra en una situación similar. Nos estamos acercando al retorno de la dictadura”. Quien escribe, en una carta abierta  dirigida a todos los fieles, es el obispo de Kalookan, Mons. David, en su rol de presidente interino de la Conferencia Episcopal nacional. A continuación, el texto completo del mensaje (traducido del inglés por AsiaNews). 

 

Hace algunos días, recibimos una carta del Cardenal Charles Maung Bo, arzobispo de Rangún (Myanmar) y presidente de la Federación de las Conferencias Episcopales Asiáticas. El texto es un ardiente pedido de oración por Hong Kong, luego de la entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad nacional. En la carta, el prelado explica cómo esta nueva normativa plantea una amenaza a la libertades fundamentales y a los derechos humanos de Hong Kong, y de qué forma socava, en particular, la libertad de expresión.

Por su parte, el gobierno chino ha asegurado a la población de la ex colonia que no hay nada que temer, siempre que “uno no se involucre en alguna actividad que amenace la seguridad nacional”. ¿Por qué esta frase nos suena familiar a los filipinos? Por que estamos en una situación similar. En consecuencia, mientras aseguramos al Card. Bo que nos uniremos a él para rezar por Hong Kong, queremos pedirle, al mismo tiempo, que ore por las Filipinas, y explicar por qué realmente necesitamos de estas plegarias tanto como el pueblo de Hong Kong. Al igual que ellos, nos sentimos alarmados por la reciente entrada en vigor de la Ley anti-terrorismo en nuestro país.

Aún tenemos serias dudas respecto al modo en que esta controvertida norma ha sido debatida y aprobada con gran rapidez por ambas Cámaras del Congreso, precisamente cuando la atención de todas las Filipinas se centra en la pandemia generada por el Covid-19. Los promotores del texto no parecen preocupados por el hecho de que muchas personas que ellos representan están en contra de la ley: asociaciones de abogados, el mundo académico, el sector de la industria, los sindicatos, las organizaciones juveniles, las organizaciones no gubernamentales, movimientos políticos, comunidades religiosas e incluso el gobierno de Bangsamoro.

Las voces de disenso han sonado fuerte, y sin embargo han quedado desatendidas. Las preocupaciones que han planteado estos grupos no han hallado ni siquiera un mínimo de respuesta en el poder legislativo. En efecto, la presión política ejercida desde lo alto ha puesto mucha más presión sobre los diputados que las voces que se alzaron desde las bases. Este hecho ha vuelto aún más evidente la intromisión que rige entre los poderes ejecutivo y legislativo de nuestro gobierno. 

Los expertos en derecho y los constitucionalistas de nuestra nación están particularmente preocupados por esta nueva ley, ya que presenta muchos elementos “opresivos y contrarios a la Constitución”. Han subrayado de manera eficaz “la seria amenaza [que ello representa] para los derechos fundamentales y libertades que se garantizan a todo filipino pacífico”. 

Aún así, el gobierno y sus aliados han rechazado estos miedos, y los han definido como “infundados”. Los intentos de aportar tranquilidad suenan extrañamente similares a los del gobierno chino cuando se dirige a los ciudadanos de Hong Kong: “Activismo no significa terrorismo. No hay de qué preocuparse, si ustedes no son terroristas”. Sin embargo, bien sabemos que existe una diferencia entre cometer un crimen, y ser visto como sospechoso o ser acusado de haberlo cometido. 

¿Acaso no hemos oído que las personas involucradas en cuestiones sociales han sido acusadas de ser comunistas? ¿Acaso nos hemos olvidado de que obispos, sacerdotes y religiosos fueron incluidos por la policía nacional en la lista falsa de personas acusadas de sedición o de incitación a la sedición? ¿Acaso no tenemos conciencia de los miles de personas asesinadas por la mera sospecha de estar implicadas en actividades delictivas o en el narcotráfico? ¿No hemos seguido las noticias en lo que respecta a la Senadora Leila de Lima, que sigue en encerrada en prisión, en base a simples acusaciones? ¿No estamos al tanto de las personalidades del mundo de las comunicaciones, amenazadas por una multitud de acusaciones criminales? ¿No sentimos un escalofrío cuando supimos de la clausura de la mayor network nacional, la ABS-CNB, cuya licencia no fue renovada? ¿Acaso no es evidente para nosotros que este camino de intimidación está creando un clima que empeora más y más en el ámbito de la libertad de expresión en nuestro país?

En esta situación política sombría, para nosotros es un consuelo ver que hay grupos de abogados y ciudadanos comunes que presentan sus peticiones ante la Corte Suprema, cuestionando la constitucionalidad de la nueva ley. ¿Podrá mantener su independencia el escalón más alto de nuestro sistema judicial, o también caerá víctima de la presión política? 

El regreso de las “detenciones sin garantías”, introducidas por el texto, no puede sino recordarnos los primeros pasos del gobierno en 1972, que culminaron con la caída de la democracia y con un régimen dictatorial que aterrorizó a las Filipinas durante 14 años. Todo comenzó cuando un presidente electo decidió legalizar las llamadas ASSO – arrestos, cacheos y órdenes de captura. A partir de ese momento, poco a poco nos fuimos hundiendo en un régimen autoritario. Bien sabemos que en el pasado reciente, la ley fue muchas veces usada como un arma para suprimir el legítimo disenso y la oposición: como consecuencia, no podemos hacer otra cosa que compartir los temores expresados por abogados y ciudadanos, que se rebelan contra la ley, apelando ante la Corte Suprema. 

Mientras continúa existiendo una apariencia de democracia, y nuestras instituciones democráticas siguen funcionando de alguna manera, nos encontramos en una situación análoga a la rana del proverbio, que nada en una olla que, lentamente, comienza a hervir. Nos alienta saber que en varias agencias de gobierno todavía hay personas de buena voluntad, cuyo corazón está en el lugar correcto y que siguen siendo objetivas e independientes en su pensamiento. No podemos más que admirar a estos funcionarios públicos, que siguen su propia conciencia y no se dejan intimidar ni ceden a las presiones políticas mientras desarrollan su mandato constitucional. 

Solo esperamos que estas personas crezcan en número cada vez más.  Son un elemento importante para reforzar nuestras instituciones democráticas, un instrumento esencial para un sistema democrático estable y funcional.

 

En nombre de la Conferencia Episcopal de las Filipinas:

Mons. Pablo Virginio S. David dd

Obispo de Kalookan y presidente interino en funciones 

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