180.000 funcionarios de la ciudad deben jurar antes de fin de mes, bajo pena de despido. Las deserciones ponen en riesgo la campaña del coronavirus. Continúa la represión antidemocrática: proponen límites al derecho de expatriación.
Hong Kong (AsiaNews) - Desde principios de año, numerosos médicos, enfermeras, dentistas e investigadores sanitarios del servicio público presentaron su renuncia porque no están dispuestos a prestar juramento de fidelidad a las autoridades de la ciudad y a la Basic Law, la mini-Constitución local. La obligación fue impuesta por el ejecutivo de la ciudad después de que se promulgó la ley de seguridad en junio. En base a una disposición aprobada en enero, los 180.000 funcionarios públicos deben jurar antes de fin de mes: en caso de negativa no acompañada de "motivos justificados", se activa el despido automático.
Según datos del Departamento de Salud, en los últimos tres meses renunciaron 80 miembros del personal sanitario de la ciudad y en todo 2020 fueron 58. Joyce Lee, presidenta de la Asociación de Médicos del Estado, ha dado la alarma por las recientes deserciones. Entrevistada por Apple Daily, destacó que a este ritmo el sistema de salud pública no tendrá suficiente personal para hacer frente a la pandemia de Covid-19, especialmente en lo que respecta a la vacunación. En respuesta, las autoridades sanitarias suspendieron los servicios que no atienden emergencias y convocaron profesionales jubilados para cubrir las lagunas de personal..
El frente democrático afirma que la obligación de prestar juramento es una herramienta para alinear el servicio público con las posiciones del gobierno chino, que impuso la ley de seguridad para sofocar la disidencia. Decenas de empleados públicos participaron en las manifestaciones contra el gobierno de 2019 y a principios de 2020.
Según informes de la prensa, muchos funcionarios que se niegan a jurar están pensando en trasladarse al exterior. Varias figuras demócratas abandonaron la ciudad desde que entró en vigor la ley de seguridad. Para frenar esta tendencia, los parlamentarios pro-Beijing propusieron adoptar una ley que limite el derecho a la expatriación. La propuesta otorga al Director de Inmigración la facultad de prohibir que un residente abandone la antigua colonia británica. Ayer, el Colegio de Abogados criticó la iniciativa como "intrusiva", señalando que una decisión de ese tipo solo puede ser tomada por un tribunal y no por un funcionario del gobierno.