Lo afirman activistas de derechos humanos y denuncian una situación sanitaria alarmante. Los militares niegan que los cementerios estén desbordados de cadáveres, pero han anunciado la construcción de estructuras que podrían cremar hasta 3.000 cuerpos por día. Detienen a médicos que apoyan el movimiento democrático. China envió las primeras vacunas.
Rangún (AsiaNews / Agencias) - Crecen las críticas contra la junta militar, acusada de explotar la pandemia para consolidar su poder y aplastar a la oposición. Así lo afirman algunos residentes del país y activistas de derechos humanos, expresando su preocupación por una situación sanitaria alarmante: "Al dejar que el covid-19 se difunda libremente, la junta está traicionando al pueblo birmano, así como a la región y al mundo". que podrían verse amenazados por nuevas variantes debido a la propagación incontrolada de la enfermedad en Myanmar”, dijo Phil Robertson, subdirector de Human Rights Watch para Asia. "El problema es que los generales están más preocupados por mantener el poder que por detener la pandemia".
La semana pasada la tasa de mortalidad per cápita superó a las de Indonesia y Malasia, los países más afectados hasta ahora por la pandemia en el sudeste asiático. Ayer hubo 5.234 casos nuevos y 342 muertes, pero algunos consideran que los números son inferiores a los reales por falta de testeos y denuncia de los casos. Aun así, el promedio semanal de muertes por millón de habitantes se elevó a 6.29, más del doble que el 3.04 de la India en el pico de la crisis de mayo.
En las redes sociales proliferan los videos que muestran personas que han muerto en sus hogares y largas filas para conseguir las últimas provisiones de oxígeno. El ejército niega que los cementerios de Rangún se encuentren desbordados por la cantidad de cadáveres, pero anunció la construcción de nuevas instalaciones que podrían cremar hasta 3.000 cuerpos por día.
Las provisiones de oxígeno médico se están agotando y el Tatmadaw ha limitado la venta privada. La población acusa a los militares de destinar los últimos recursos a los hospitales administrados por la junta.
"Los civiles sospechosos de apoyar el movimiento democrático no reciben atención en los hospitales y los médicos que apoyan el movimiento de desobediencia civil son arrestados", dijo Yanghee Lee, un ex especialista en derechos humanos de la ONU. Después de la destitución de la presidenta civil del país, Aung San Suu Kyi, los hospitales públicos se cerraron porque el personal de la salud se negaba a trabajar bajo el nuevo gobierno y comenzaron a atender en clínicas improvisadas, corriendo el riesgo de que los arresten. Los militares efectuaron más de 260 ataques contra el personal y las instalaciones médicas. Mataron a 18 personas, arrestaron al menos a 67 trabajadores de la salud y están buscando a otros 600.
Recientemente China comenzó a entregar vacunas. Este mes envió 736.000 dosis a Rangún y más de 10.000 al Ejército de la Independencia de Kachin, uno de los grupos de resistencia armada que controla la frontera norte, donde en las últimas semanas el virus ha cruzado a territorio chino. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, se negó a comentar la noticia y afirmó que "la epidemia es un enemigo común de toda la humanidad".