01/03/2016, 14.39
PAKISTAN
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Activistas: estamos en contra de la pena de muerte, pero el ahorcamiento de Qadri hizo justicia

de Shafique Khokhar

La muerte del asesino del ex gobernador Salman Taseer hizo surgir un amplio debate entre los islamistas y aquellos que condenan las ejecuciones capitales, pero que consideran que en ciertos casos éstas son justificadas. El ahorcamiento de Qadri ha de “aceptarse, en tanto es funcional para salvar vidas inocentes en el futuro”. Esto demuestra que las instituciones están “dispuestas a desafiar seriamente a la mentalidad extremista”.

Rawalpindi (AsiaNews) – No hay alegría ni satisfacción alguna por el ahorcamiento de Mumtaz Qadri, el guardaespaldas que en 2011 asesinó al ex gobernador de Punjab, Salman Taseer, por su posición contraria a la ley sobre blasfemia. En líneas generales, la pena de muerte ha de ser condenada, pero en este caso se ha hecho justicia y fue respetado el Estado de derecho.  Es la opinión de algunos destacados activistas y pedagogos de Pakistán, que comentan a AsiaNews la condena llevada a cabo ayer contra el radical islámico. Su ejecución ha hecho surgir un amplio debate entre los que apoyan el islam más fundamentalista y quienes consideran que la justicia debe prevalecer, incluso mediante una condena a muerte, en casos extremos.

Ishtiaq Ahmed, pedagogo, refiere: “El dilema se refiere a la pena de muerte. Yo considero que en algunas circunstancias la excepción a la regla está justificada. Dado un tipo de sociedad como la pakistaní, ésta puede funcionar como un disuasivo. Qadri era un guardaespaldas, y traicionó sus responsabilidades en lo que hace a la protección del gobernador. En líneas generales, la práctica de la pena de muerte debe ser abandonada, pero en este caso ha de ser aceptada en tanto es funcional para salvar vidas inocentes a futuro”.

Quienes apoyaban a Qadri, y que lo exaltaban como “héroe nacional”, en las últimas horas han salido a manifestarse en las calles de todo el país. En su funeral, que está previsto para hoy, se espera que haya millones de personas, y se teme que haya un estallido de violencia.  

Según Samson Salamat, activista y presidente de Rawadari Tehreek (Movimiento por la tolerancia), la decisión del presidente Mamnoon Hussain de no conceder la gracia, “es un raro ejemplo de cómo la justicia puede prevalecer en casos de este tipo, de perfil alto, sobre todo porque Taseer fue asesinado en nombre de la religión. Parece que las instituciones estatales están dispuestas a desafiar seriamente a la mentalidad extremista que ha prevalecido en los últimos 30 años, a pesar del temor de que haya reacciones negativas”.  “Es necesario parar a los grupos militantes que actúan fuera de la ley – continúa – y que están difundiendo el odio, se debe poner un freno a todos los tipos de discurso del odio”

Otros activistas consideran que la ejecución capital dejará latente un sentido de insatisfacción. Es el caso de Peter Jacob, Director del Centre for Social Justice, que afirma: “Si por un lado está la familia de Qadri que llora su muerte, por otra, la horca cierra la herida que sangra hace cinco años en la familia de Salman Taaser. El activista recuerda a Shahzab Taseer, uno de los hijos del gobernador que fue raptado por los talibanes, de quien aún se desconoce el paradero, así como a Asia Bibi, “cuya sentencia de muerte en el año 2010, en base a la ley sobre blasfemia, hizo surgir esta tragedia. La mujer aún languidece en prisión. Es difícil decir, en estos casos, que se ha hecho completamente justicia. Nos oponemos a la pena de muerte, pero apoyamos también el estado de Derecho. No es momento de alegrarse ni de estar satisfecho, pero el hecho de haber dado muerte de Qadri podría desalentar el abuso de la ley sobre blasfemia en el corto plazo”.  

Por el contrario, es tajante la condena de Naveed Walter, presidente del Human Rights Focus Pakistan (HRFP): “Mumtaz Qadri fue al encuentro de su destino. Un criminal debe ser castigado por la ley. Pakistán ha vencido. Este paso, con seguridad, desalentará al terrorismo basado en el fundamentalismo religioso. El gobierno debe asegurar una seguridad total en los lugares de culto de las minorías, desde el momento en que existe el peligro de que haya reacciones por parte de los islamistas”.

Ata-ur-Rehman Saman, miembro de la Comisión nacional Justicia y Paz, agrega: “Estamos en contra de la pena de muerte, pero el gobierno ha enviado un mensaje claro: quien quiera que pretenda hacer justicia por mano propia, no quedará impune.  Esta decisión es un punto de inflexión en nuestra historia”. Todo lo ocurrido, concluye Humza Arshad, estudioso y educador, “demuestra que el poder de los partidos islámicos se está corroyendo”.

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