11/01/2018, 12.28
TIMOR ORIENTAL
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Dili, una nueva crisis política y constitucional amenaza la estabilidad del país

En el Parlamento se ha creado una oposición mayoritaria y un gobierno que constituye una minoría. La nación más católica del sudeste asiático corre el riesgo de no tener un gobierno en funciones por al menos cinco meses. Se teme por la economía y peligra la ratificación de importantes tratados con Australia.  

Dili (AsiaNews/Agencias) – Una tensa situación política amenaza la estabilidad institucional y económica de Timor Oriental, el país asiático con el mayor porcentaje de católicos (el 97% de la población). El año pasado, la joven nación dio muestras de su progreso democrático con dos elecciones exitosas [presidencial y de gobernadores, ndr], tras años de volubilidad política que a menudo llegó a ser violenta. Sin embargo, como consecuencia de altas rivalidades políticas, la crisis constitucional post-electoral pone al país frente a una prueba crucial.

En el pasado mes de julio, el FRETILIN y el National Congress of Timorese Reconstruction (CNRT), los dos partidos políticos más importantes, han obtenido una mayoría conjunta en las votaciones parlamentarias. El FRETILIN ganó con el  29,6% de los votos, obteniendo 23 de los 65 escaños de la Cámara, en tanto el CNRT cerró los comicios con un segundo puesto, con el 29,4%, y 22 escaños. Muchos esperaban que las dos partes siguieran adelante, como había sido anunciado en la campaña electoral, con un acuerdo informal tendiente a compartir el poder, iniciado el 2015 cuando el jefe del CNRT y ex líder independentista Xanana Gusmao renunció al cargo de Primer ministro y eligió a un ministro de FRETILIN como su sucesor. El gobierno de unidad nacional ha garantizado al país dos años de estabilidad. Pero poco después de las elecciones de julio, el CNRT anunció que no adheriría a una nueva coalición con el FRETILIN.

En la Asamblea legislativa se creó una “alianza parlamentaria mayoritaria”, compuesta por el CNRT, el People’s Liberation Party (PLP) y KHUNTO, en tanto el FRETILIN formó un gobierno de minoría con el Democratic Party. La oposición rechazó el programa político del Ejecutivo, que apenas pudo obtener 30 votos a favor.

La Constitución establece que si el programa de gobierno es rechazado dos veces, el gobierno debe ser disuelto. En noviembre y diciembre, FRETILIN y el Democratic Party se negaron a celebrar sesiones parlamentarias. La oposición ha definido esta medida como “inconstitucional”, siendo que el gobierno está obligado a presentar de nuevo al Parlamento su programa dentro de los 30 días luego de la primera votación. En respuesta a ello, el secretario del FRETILIN  Mari Alkatiri ha afirmado que la oposición está tratando de orquestar un “golpe de Estado”. A fines de diciembre, ésta nuevamente rechazó el programa de gobierno, desatando una crisis constitucional y el posible llamado a elecciones en los próximos meses.

Dado que el gobierno de minoría no ha logrado -en dos oportunidades- que se apruebe su programa en el Parlamento, el presidente Guterres, - electo en marzo y proveniente de las filas del FRETILIN- se ve en la disyuntiva de llamar a nuevas elecciones o de intentar la formación de un nuevo gobierno. Hay analistas que sostienen que es más probable el primer escenario, pero la Constitución señala que el Parlamento no puede ser disuelto antes del 22 de enero, es decir, recién seis meses luego de las elecciones.   

Considerando los próximos feriados de Pascua, el país arriesga no tener un gobierno en funciones por al menos cinco meses. En este momento, en Timor Oriental no rige un presupuesto para el 2018, lo cual, según sugieren algunos analistas, podría hacer que la nación se precipite en una crisis financiera o termine paralizado el sector público.  Hasta que no sea aprobado el nuevo budget, el Estado debe atenerse al del 2017, que está fuertemente sub-valuado, considerando las exigencias reales para el año en curso. Además, un vacío político prolongado podría hacer peligrar el tratado bilateral firmado entre Timor Oriental y Australia, sobre los confines marítimos y la propiedad de vastas reservas energéticas off-shore. El tratado exige que el mismo sea ratificado por el Parlamento de Dili antes de fin de año. 

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