Filipinas vota en elecciones intermedias: Duterte apunta a lograr mayoría en el Senado

Ganar los comicios le otorgaría el apoyo legislativo para las propuestas contra el crimen y para reescribir la Constitución. La oposición denuncia: está en riesgo la revocación del mandato presidencial, un recrudecimiento de la guerra contra la droga y la restauración de la pena de muerte. La apertura de las mesas electorales estuvo acompañada de episodios aislados de violencia.

Manila (AsiaNews/Agencias) – Cerca de 61 millones de filipinos han sido convocados a las urnas para votar en elecciones intermedias. Alrededor de 43.000 candidatos se disputan los casi 18.000 cargos públicos en las distintas administraciones locales. A estos, se suman la mitad de los escaños del Senado (la Cámara Alta), que en los últimos años ha funcionado como un muro de contención contra algunas de las políticas más controvertidas del presidente Rodrigo Duterte (foto).

La votación se inició a las 6 de la mañana y terminará a las 6 de la tarde. La apertura de las mesas electorales estuvo acompañada por episodios de violencia. Según las autoridades, al menos 20 personas murieron y 24 resultaron heridas en distintos crímenes vinculados a las elecciones. Fuentes militares informan que esta mañana, nueve personas resultaron heridas en un enfrentamiento a fuego en la isla meridional de Joló.

De obtener la mayoría en el Senado -algo que los sondeos independientes indican como probable- Duterte contaría con el apoyo legislativo para llevar adelante sus propuestas contra el crimen y su plan de redactar nuevamente la Constitución. Históricamente, los 24 senadores de la nación -que permanecen seis años en el cargo- siempre han tenido la reputación de ser más autónomos que los parlamentarios de la Cámara baja.

La oposición advierte que esta probabilidad habilitaría a Duterte a revocar el límite al mandato presidencial; además, le permitiría recrudecer su polémica guerra contra la droga; por último, podría restaurar la pena de muerte, una intención expresamente anunciada por el presidente que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas calificó como “alarmante”. Las Filipinas declararon ilegal la pena de muerte en 1987, para restaurarla seis años más tarde y luego abolirla en el 2006.

Blanco de reiterados ataques desde el ascenso de Duterte al poder, días atrás, los obispos filipinos han respondido a algunas indiscreciones de la prensa que pretenden que los obispos se posicionen “a la vanguardia” del debate político. El presidente de la Conferencia Episcopal Filipina, Mons. Rómulo Valles, ha declarado que la Iglesia Católica de las Filipinas “no hace política y no sostiene a ningún candidato en las elecciones. Los obispos y sacerdotes no tienen permiso para dar indicaciones con respecto al voto, porque esto claramente se trataría de una injerencia en la política nacional”.

Se aguardan los resultados de las elecciones administrativas pocas horas después del cierre de los comicios. Los ganadores de la convocatoria electoral para cubrir escaños en el Senado y en las asambleas de congresales serán dados a conocer a partir del próximo 17 de mayo.