10/05/2017, 18.28
INDONESIA
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La sociedad civil reclama cambios a la ley sobre blasfemia, en base a la cual se condenó a Ahok

de Mathias Hariyadi

La sentencia contra el gobernador cristiano hace que se incrementen las tensiones y polémicas. El delito de blasfemia es un pretexto para ejercer presiones sociales y políticas contra los adversarios. Surya Chandra: “En el colegio de jueces no hay independencia a la hora de juzgar”. Antonius Yudo Prihartono: “El artículo 156ª del Código penal es un artículo" que puede torcerse "como una goma”. Ismail Hasani: “Cualquier opinión o afirmación que difiera de la del Consejo islámico puede ser definida como blasfema”.

Yakarta (AsiaNews)- A pocas horas de la sorprendente sentencia de condena a dos años de cárcel infligida al gobernador de Yakarta, Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama, la sociedad civil indonesia exige que haya una revisión del artículo del Código penal sobre la blasfemia.

Mientras tanto, esta noche Ahok fue trasladado desde el centro de detención de Cipinag, en Java Oriental a una estructura de Unidad móvil de la policía nacional en Depok, en Java Occidental. El repentino desplazamiento fue dispuesto por motivos de seguridad: la cárcel adonde fue conducido el gobernador hospeda a detenidos anti-Ahok, algunos de los cuales son ex funcionarios del gobierno de Yakarta. En horas de la noche, cuando Basuki Tjahaja Purnama todavía se encontraba en la oficina de los guardias carcelarios, el personal de seguridad había escuchado gritos de amenazas contra él, provenientes de las celdas.    

Con anterioridad a ello,  miles de seguidores de Ahok se reunieron cerca del centro de detención de Cipinang para protestar contra su arresto y pedir su liberación. Entre ellos estaba también Djarot Saiful Hidayat, que hoy prestó juramento y asumió el cargo interino de gobernador de Yakarta. Esta mañana, la multitud se trasladó  a  la municipalidad de la ciudad. Los organizadores de la manifestación han juntado firmas y las copias de los documentos de los presentes, con la intención de satisfacer los requisitos para ofrecerse como garantes para la liberación de Ahok.

La sentencia emitida por el tribunal de Yakarta del Norte no cesa de suscitar y polémicas. El Colegio de los jueces dispuso ayer una condena más pesada que la pedida por los fiscales. Los procuradores habían dejado a un lado las acusaciones de blasfemia y había sugerido que Ahok fuese condenado a dos años de libertad condicional y a un año de cárcel en caso de cometer un delito.

Hendardi, presidente del Setana Institute, afirma que la deliberación de los jueces sobre el caso Ahok subraya la necesidad de que haya una profunda modificación del Art. 156ª del Código penal sobre las ofensas contra la religión. En un comunicado emitido anoche, el activista por los derechos resalta el hecho de que en Indonesia, en los últimos años, el delito de blasfemia fue utilizado por parte de movimientos y organizaciones como un pretexto para ejercer presiones sociales y políticas contra sus adversarios. Hendardi afirma que esto es lo que le ha sucedido a Ahok.

En los últimos meses, los movimientos islámicos radicales, que se oponían al gobernador cristiano de orígenes chino, habían intensificado sus actividades tendientes a impedir la reelección del gobernador, de modo de obtener una condena que interrumpiese su carrera política. Para gran parte de los indonesios es evidente que los jueces del proceso han sufrido dicha presión.

Según Surya Chandra, docente de Derecho en la Universidad Católica de Atma Jaya, Yakarta Meridional, cuánto sucedió en el proceso de ayer es un mal para la joven democracia del país. Él afirma que el Colegio de los jueces no demostró tener independencia alguna a la hora de juzgar. Chandra acusa: “No han examinado las pruebas correctamente, sino que más bien se concentraron en otra cosa. Dos cosas han condicionado la audiencia final de ayer: una fuerte presión política y un plan secreto para bloquear la transformación de la burocrática,es decir,  las reformas de Ahok orientadas a erradicar la corrupción entre los funcionarios de gobierno”.

“El Art. 156ª del Código penal (KUHP) sobre la blasfemia es un artículo de goma”, declaró Antonius Yudo Prihartono, abogado de la AYP & Partner Office de Kudus, Java Central. “En el mismo día, Ahok es condenado a dos años de cárcel, mientras que otro imputado en Klaten, Java Central, es declarado no culpable y obtiene la libertad”. Prihartono se refiere a otro caso de blasfemia, denunciado por la parroquia de San José Obrero de Gondangwinangun, Klaten, luego de la profanación de dos estatuas de la Virgen.

Según activistas por los derechos humanos, el Art. 156ª no respeta las libertades personales y es discriminatorio, puesto que no garantiza el derecho de los ciudadanos indonesios y expresar y manifestar el propio credo religioso. Ismail Hasani declara: “Cualquier opinión o afirmación diversa de la de la mayoría y que sea conforme a los dictámenes del Consejo islámico de los Ulemas (MUI), puede ser definida como blasfema”.

El Art 156ª no es la única ley en materia de blasfemia. A esta se suma la normativa estatal 1/PNPS/1965. Estas directivas sobre las ofensas a la religión son viejos productos “legales” emitidos por el régimen de Suharto para impedir la difusión de religiones distintas al islam, como el catolicismo, el protestantismo, la religión budista, el hinduismo y el confucianismo, que están reconocidas oficialmente por el Estado. Hasta 1998, solamente se desarrollaron 10 procesos por blasfemia. Desde 1998, año de la caída del presidente Suharto, los casos aumentaron de manera significativa a la par de la creciente politización de la religión islámica en Indonesia, llegando a totalizar más de 50.

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