09/02/2017, 11.42
ISRAEL - PALESTINA
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ONG israelíes y palestinas han recurrido ante el Tribunal Supremo contra la ley a favor de los colonos

El objetivo es anular la norma que legaliza miles de asentamientos en los territorios ocupados. Incluso el fiscal general de Israel lo juzga "inconstitucional" y está listo para declarar en contra. El viceministro israelí reafirma los "derechos históricos y legales a esta tierra." Abu Mazen: Agresión contra nuestro pueblo.

Jerusalén (AsiaNews / Agencias) - Grupos de activistas israelíes y palestinos ayer presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo, con el fin de cancelar la nueva (controversial) norma aprobada por el Parlamento israelí que "legaliza" miles de asentamientos en los territorios ocupados. Además, Adalah y el Jerusalem Legal Aid and Human Rights Centre (Jlac) han pedido una orden judicial que bloquee los efectos de la ley en espera de un veredicto final de los jueces.

En los últimos días, el parlamento de Israel ha sancionado la entrada en vigor de la norma con el voto favorable de 60 diputados, de un total de 120; contra 52 parlamentarios. La nueva ley establece que los propietarios palestinos de la tierra ya no tendrán ningún derecho a la tierra; frente a la expropiación, recibirán una suma de dinero u otras tierras en diferentes lugares.

Entre los que han expresado críticas y reservas también está el fiscal general de Israel, Avichai Mandelblit, para quien la ley es "inconstitucional". También añadió que no la defenderá en los tribunales y está listo para testificar en contra de ella es llamado a hacerlo.

El llamado “Regularisation Bill”  votado por la Knesset establece que los edificios construidos de acuerdo con el principio de "buena fe" y sin saber que la tierra pertenecía a ciudadanos privados palestinos en Cisjordania pueden ser reconocidos por el gobierno. De esta manera el ejecutivo israelí se abroga el derecho de expropiación de tierras palestinas, en comparación con una compensación insignificante o desplazando a otros lugares los propietarios.

Hasta la fecha hay más de 600 mil colonos judíos que viven en unos 140 asentamientos construidos desde la ocupación israelí de 1967 de Cisjordania y Jerusalén Este. El derecho internacional considera estos asentamientos ilegales; una posición que Israel siempre ha negado. Al mismo tiempo, también hay 97 puestos de avanzada, que nunca han recibido la aprobación oficial por parte del gobierno.

De acuerdo con informes de la Ong Peace Now  la norma aprobada por el Parlamento autoriza retroactivamente 3921 nuevas viviendas en los 73 asentamientos y 55 puestos de avanzada, edificadas en unos 818 hectáreas de tierra palestina que pertenecen a particulares.

Ayer, el grupo activista palestino Adalah y su homólogo israelí JLAC han presentado un recurso ante el Tribunal Supremo en nombre de 17 ciudades y pueblos palestinos. Se trata de una norma, subraya Suhad Bishara, abogado de Adalah, que favorece "los intereses políticos de Israel, como potencia ocupante" y el beneficio "de los colonos israelíes."

El Tribunal Supremo concedió al gobierno 30 días para responder. Sin embargo, en un mensaje de vídeo difundido en este momento el viceministro de Exteriores, Tzipi Hotovely dijo que "Israel tiene derechos históricos y legales en esta tierra" y la ley "garantiza un equilibrio" entre el derecho a la "tierra" de los israelíes y la "compensación" para los palestinos.

En el pasado, el Tribunal Supremo anuló las leyes que consideran contrarios a los requisitos constitucionales. Entre ellas la orden de evacuación y desmontaje - realizado la semana pasada - del controvertido asentamiento de Amona, ya que fue construido justamente en tierras privadas palestinas.

Para el presidente palestino Mahmoud Abbas la ley es una "agresión contra nuestro pueblo" contra la cual "vamos a oponer a las organizaciones internacionales." "Lo que queremos es la paz - añadió - pero lo que hace Israel es trabajar hacia un único Estado fundado sobre el apartheid".

En un comunicado del Patriarcado Latino de Jerusalén condenó la nueva ley, que calificaron como "injusta y unilateral". Incluso la Unión Europea ya ha expresado su crítica y preocupación por la norma. Más cautelosa la posición de los Estados Unidos, antes de tomar una posición, a la espera del pronunciamiento del poder judicial.

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