17/07/2015, 00.00
VATICANO
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Vaticano: poner fin a la violencia, la corrupción y la contaminación causada por la minería

El encuentro "Un día de reflexión – Unidos a Dios escuchamos un grito", promovido por el Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz, con representantes de las comunidades afectadas por las actividades mineras de África, Asia y América. "Responsables son los inversores, empresarios, políticos y líderes de los países donde se encuentran los depósitos de los países donde residen o la sede de las empresas mineras multinacionales”.

Ciudad del Vaticano (AsiaNews) - Las actividades relacionadas con la causa minera, especialmente en los países de África, Asia y América, "situaciones de violencia e intimidación, la ilegalidad y la corrupción, la contaminación y violaciones de los derechos humanos" hasta "matar". Además de causar daños a menudo irreparables al medio ambiente y las tradiciones de las poblaciones de los territorios explotados.

Un realidad ilustrada esta mañana en el Vaticano con motivo de "Un día de reflexión – Unidos a Dios escuchamos un grito", promovido y organizado por el Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz, con representantes de las comunidades afectadas por las actividades mineras de los países de ' África, Asia y América, que tendrá lugar en Roma, en el Salesianum, entre hoy y el 19 de julio 2015.

"Es - la denuncia del cardenal Peter Turkson, presidente del Pontificio Consejo - negación de la primacía del ser humano, insensibilidad al bienestar social y natural y plena experiencia de fragilidad, el abandono y el rechazo. Responsables son los inversores, empresarios, políticos y líderes de los países donde se encuentran los depósitos de los países donde residen o la sede de las empresas mineras multinacionales".

La reunión se llevará a cabo a puerta cerrada y también tomarán parte los líderes y representantes de varias empresas mineras, deseosos de ver críticamente el carácter de la industria de la minería en el mundo y representantes de las comunidades afectadas de diferentes maneras por diferentes operaciones mineras. "Quiero destacar - ha revelado el cardenal - que algunas personas que participan en la reunión fueron presionadas e intimidadas en los últimos días, por ejemplo, después de solicitar un pasaporte".

"Todas estas cosas van en una sola dirección: ante esas situaciones no se puede dejar que la indiferencia, el cinismo y la impunidad continúen. Se necesita un cambio radical del paradigma en el bien común, la justicia, la sostenibilidad, la dignidad humana".

"La reunión - dijo por su parte el comboniano padre Darío Bossi, aportando su experiencia en Brasil - será un momento de reflexión, intercambio de experiencias y la recopilación de propuestas para la acción futura de la iglesia o de la comunidad misma".

"Con el apoyo de la Iglesia - agregó - es importante trabajar sobre las medidas que ayudan a garantizar el respeto de los derechos de la comunidad  por parte de los negocios. Sobre la base de las experiencias prácticas de las comunidades, diferentes propuestas para el futuro serán considerados en la reunión del Pontificia Concejo. Estos incluyen el respeto a la autodeterminación de las comunidades, y el inicio de un proceso hacia un consentimiento libre e informado de las comunidades, consagrado en el derecho internacional. Hay también una necesidad de regulación que se aplique correctamente. Un ejemplo a nivel internacional es el trabajo iniciado en un tratado vinculante de las Naciones Unidas para las empresas, por el respeto de los derechos humanos. La Santa Sede ha dado un apoyo importante para el proceso hacia la construcción de este tratado, con una declaración a favor de un instrumento jurídico en el curso de la sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2014, cuando se decidió imponer tales procedimientos".

Significativa entre los testimonios, una hecha por Prassant Kumar Paikray de la diócesis de Cuttack-Bhubaneswar. "Yo - dijo - promuevo la paz y la armonía en Odisha teniendo fuera la empresa siderúrgica. Lo hice durante 10 años. Cuando una empresa entra en una comunidad con una nota de entendimiento (MOU), la comunidad se divide entre pro y en contra. Hemos apoyado este esfuerzo durante 10 años con manifestaciones pacíficas cerca de las áreas propuestas por el proyecto. Las empresas quieren no sólo la tierra, sino también el agua que tenemos para beber y para el riego de los campos. Ayer 16 de julio de 2015, la compañía declaró la suspensión temporal del proyecto. Este éxito ha tenido un costo. Hubo 370 cargos criminales, falsos, por parte del gobierno, la policía y la sociedad. 2.500 personas han sido puestas bajo investigación, 500 de ellos son mujeres. 700 personas se encuentran en prisión y cuatro han muerto".

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