Taipei (AsiaNews)- Taiwán mantiene en vigor la pena de muerte, pero deberá aplicarla sólo en casos "excepcionales". Así lo estableció ayer la Corte Constitucional de Taipei, con una sentencia que, si bien no acepta el pedido de declarar inconstitucional la pena de muerte, marca algunos límites importantes para su aplicación. Esto representa otro fuerte punto de diferenciación con respecto a la República Popular de China que, pese a que no revela datos oficiales, las organizaciones de derechos humanos consideran el país del mundo donde, con diferencia, se ejecutan cada año más condenas a muerte.
La legislación taiwanesa establece la posibilidad de la pena de muerte para algunos delitos, entre ellos el asesinato, la alta traición, la violación y el secuestro. La última ejecución en Taiwán tuvo lugar en 2020. El caso fue elevado ante la Corte Constitucional por Wang Xinfu, la persona condenada a muerte de mayor edad en Taiwán, acompañado por una petición firmada por los otros 36 reclusos que se encuentran en las mismas condiciones.
En su fallo, la Corte Constitucional dictaminó que la pena de muerte es conforme a la Constitución de Taiwán, pero sólo se debe aplicar en casos "excepcionales". Aunque el derecho a la vida está protegido por la Constitución - afirmó el Presidente de la Corte Constitucional, Hsu Tsong-li - "esta protección no es absoluta". Al mismo tiempo, sin embargo, añadió que, como es "la pena más severa y de carácter irreversible, su aplicación y las garantías procesales - desde la investigación hasta la ejecución - deben ser sometidas a un control riguroso".
El Tribunal no hizo referencia a la constitucionalidad de imponer la pena de muerte por delitos como alta traición o tráfico de drogas. Pero también dictaminó que está “prohibida” para “imputados con problemas de salud mental, incluso si estos no influyeron en el delito en los casos en cuestión”.
El tema de la pena de muerte también tiene un carácter político en Taiwán. Los diputados del Partido Democrático Progresista (PPD) - al que pertenece el presidente Lai Ching-te - son en su mayoría favorables a la abolición y ayer afirmaron que respetarán la indicación de la Corte. Por el contrario, el Kuomintang - el partido nacionalista, más cercano a Beijing - criticó la sentencia, afirmando que era una "abolición de facto" de la pena capital. Según las encuestas de opinión, el apoyo a la pena de muerte sigue siendo mayoritario en la población.
Por su parte, el director de Amnesty International Taiwan, E-Ling Chiu, saludó la sentencia como “un pequeño paso adelante para los derechos humanos en Taiwán”. La Corte Constitucional ha reforzado la protección de los derechos humanos de los condenados a muerte. Sin embargo, la pena de muerte sigue vigente para varios delitos. Esto marca el comienzo del camino de Taiwán hacia la abolición, y debemos asegurarnos de que no se detenga aquí".
Sigue existiendo preocupación "por el hecho de que esta decisión, en la práctica, pone a casi 40 personas en riesgo de ejecución - añadió -. Exhortamos al gobierno de Taiwán a que establezca de inmediato una moratoria oficial de las ejecuciones como primer paso fundamental. La pena de muerte es intrínsecamente cruel y no nos hace más seguros".
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