Daca (AsiaNews) - En una sentencia histórica, el Tribunal Superior de Bangladés ha prohibido la determinación y la divulgación del sexo de un feto, calificando dicha práctica de discriminatoria, perjudicial para las mujeres y una violación de los derechos constitucionales. El veredicto completo, emitido por un tribunal compuesto por las juezas Naima Haider y Qazi Zeenat Haque, se publicó ayer, 11 de mayo. En él se declara que identificar y revelar el sexo de un feto fomenta la discriminación contra las niñas, contribuye al infanticidio femenino y socava el equilibrio social.
Según el tribunal, dicha práctica contradice las garantías constitucionales de dignidad, igualdad y derecho a la vida. Además, viola los compromisos internacionales de Bangladés en materia de derechos humanos destinados a proteger a las mujeres y promover la igualdad de género. Las juezas señalaron que, durante años, el país careció de mecanismos eficaces de control, seguimiento y rendición de cuentas para frenar dichas prácticas.
«La promulgación de directrices por sí sola no es suficiente», afirma la sentencia, subrayando que la aplicación, la vigilancia digital y una supervisión rigurosa son esenciales para poner fin a lo que ha calificado de «actividad inmoral». Haciendo referencia a los artículos 18, 27, 28, 31 y 32 de la Constitución, los jueces afirmaron que la determinación del sexo fetal fomenta la discriminación de las niñas y contraviene los principios fundamentales del Estado. Al mismo tiempo, citaron los marcos internacionales en materia de derechos humanos, que obligan a los gobiernos a salvaguardar los derechos de las mujeres.
El Tribunal recordó que varios países, entre ellos la vecina India, han impuesto controles estrictos sobre la divulgación del sexo del feto. De ahí la advertencia a las autoridades de Daca para que adopten medidas igualmente eficaces. La directiva se ha dictado en forma de «orden de ejecución continua», lo que permite al Tribunal supervisar su aplicación.
Los médicos católicos han acogido con satisfacción la decisión, calificándola de paso importante hacia la protección de la vida del no nacido y la afirmación de la dignidad humana. Edward Pallab Rozario, médico y presidente de la Asociación de Médicos Católicos de Bangladés, ha calificado el veredicto de «histórico». «Al prohibir —declaró a AsiaNews— la determinación y la divulgación del sexo del feto, se podrán salvar las vidas de muchos niños». «Es importante —continúa— que las personas de todo el país, incluidas las de las zonas remotas, comprendan y respeten esta decisión». Por último, el médico recordó que todo niño tiene derecho a la vida: «Viene al mundo por voluntad de Dios y no debería —concluye— ser asesinado bajo ninguna circunstancia. Lamentablemente, algunos padres, a menudo bajo la presión de la familia, interrumpen el embarazo. Esto debe cambiar».
La sentencia se inscribe en un contexto más amplio de retos relacionados con la salud reproductiva en Bangladés. El Gobierno legalizó la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en 1979. Según la normativa vigente, los procedimientos pueden ser realizados por personal paramédico cualificado hasta las 10 semanas de retraso en la menstruación y por médicos hasta las 12 semanas. El Ministerio de Salud también ha publicado directrices sobre la IVE y la atención posaborto. A pesar de estas disposiciones, los abortos en condiciones inseguras siguen siendo motivo de grave preocupación.
Según datos del Instituto Guttmacher, con sede en Estados Unidos, correspondientes al periodo 2015-2019, Bangladesh registró una media de 5,33 millones de embarazos al año, de los cuales alrededor de 2,63 millones fueron no deseados. Esto supuso alrededor de 1,58 millones de abortos cada año. El coste humano de las prácticas de aborto inseguro queda ilustrado por la muerte de Julekha Begum, de Kalapara, en el distrito de Patuakhali. Madre de tres hijos, había vuelto a quedarse embarazada y, acompañada de su marido, había solicitado asesoramiento médico. Engañada por un intermediario, fue llevada a una clínica privada donde murió a causa de una hemorragia durante el aborto. Su marido presentó posteriormente una demanda por negligencia, en el marco de una tragedia que refleja los peligros a los que se exponen las mujeres que acuden a centros no regulados.
Aunque faltan datos nacionales fiables, según los funcionarios, los abortos en centros inadecuados contribuyen de manera significativa a la mortalidad materna. Fahmida Sultana, del Departamento de Planificación Familiar, señaló que muchos procedimientos se realizan fuera de los servicios sanitarios formales, a menudo a cargo de personal no cualificado. Según la legislación de Bangladés, el aborto solo está permitido para salvar la vida de la madre; sin embargo, las deficiencias en la planificación familiar y las presiones sociales siguen favoreciendo las prácticas inseguras.
