Mumbai (AsiaNews) - Una reducción de la compleja legislación india de importancia histórica: así Ravi Shankar Prasad, el ministro de Justicia, ha llamado a la decisión de derogar unas 300 leyes. Las medidas, dijo el político, son "obsoletas y ridículas", un legado del colonialismo británico, y "no tienen lugar en la India moderna y democrática".
Sin embargo, la propuesta del Gobierno Central de la India ha provocado algunas críticas por parte de representantes de la sociedad civil. Arun Ferreira, activista político encarcelado durante cuatro años por cargos falsos y otra vez victima de tortura en la prisión, dijo a AsiaNews que "la derogación de estas leyes se hace sólo en los intereses del gran capital". De hecho el actual ejecutivo "llegó al poder con el apoyo de las grandes empresas multinacionales, muy interesados en seguir la globalización de la India" y "hacer más amigo al país de los inversores".
Sin embargo, dijo la activista, "el gobierno no dice nada sobre la abolición de las leyes que eran perjudiciales para los intereses de la población, tales como art.124A del Código Penal o la arcaica Ley de prisiones de la India. Esto demuestra claramente de qué lado ha decidido mantenerse nuestra administración".
El art.124A (subversión y rebelión) se utiliza a menudo en modo inapropiado por las autoridades. Introducido en 1984 - y desde entonces nunca ha cambiado - la Ley de prisiones de la India es considerada una de las disposiciones más obsoletos en vigor en el país, y en varias ocasiones se pidió una actualización, sobre todo para mejorar las condiciones de vida de los presos.
Lenin Raghuvanshi, activista dalit y editor del People's Vigilance Committee on Human Rights (Pvchr), está de acuerdo con Ferreira. "Necesitamos - le dice a AsiaNews- que la India debe ratificar la Convención de la ONU contra la Tortura, firmada en 1997, y como resultado, la National Police Commission (Npc) para actualizar su trabajo".
Fundada en 1977, la Npc es responsable de controlar el sistema de policía nacional y promulgar medidas para "prevenir el abuso de poder" por la policía.
