Colombo (AsiaNews) - Una amplia coalición formada por familiares de los detenidos, organizaciones de la sociedad civil, líderes religiosos, grupos de mujeres, sindicatos y activistas ha lanzado un llamamiento al presidente Anura Kumara Dissanayake para que libere sin condiciones a diez presos políticos tamiles que llevan mucho tiempo encarcelados. Se solicita esta liberación en virtud de la Ley de Prevención del Terrorismo (PTA) de Sri Lanka, que recuerda las promesas electorales realizadas por el Gobierno del National People’s Power (NPP), además de reiterar la necesidad de una reconciliación nacional más amplia. En un llamamiento conjunto entregado ayer a la Secretaría del jefe de Estado y dirigido al presidente, los firmantes explican que la detención prolongada de los presos —algunos desde hace casi 30 años— representa una grave injusticia y un fracaso de los sistemas jurídico y político del país.
La nota repasa también el contexto más amplio de la historia del estado de emergencia y la represión en Sri Lanka. En particular, los sucesivos gobiernos han utilizado reglamentos de emergencia y «leyes antiterroristas» para reprimir la disidencia durante los levantamientos del Janatha Vimukthi Peramuna (JVP, de inspiración marxista-comunista) de los años 70 y 80. Se mantuvo un enfoque similar durante la guerra civil que duró tres décadas, así como en la represión «en nombre de la seguridad» de los musulmanes tras el atentado en la iglesia el Domingo de Pascua de 2019 y, más recientemente, tras el movimiento de protesta Aragalaya de 2022.
El llamamiento de los activistas recuerda que, de los 10 presos políticos tamiles de larga duración que siguen detenidos en virtud de la PTA, los juicios de Selvarajah Kirupaharan y Thambaiya Pragash, detenidos en agosto de 2009, están actualmente pendientes y a la espera de sentencia definitiva. «¡Esto significa que han pasado casi 20 años de su vida entre rejas, incluso antes de ser condenados! Han perdido toda su juventud y gran parte de su vida adulta a la espera del juicio. Los otros ocho detenidos, aunque condenados, han pasado más de 15 años en prisión, dos de los cuales llevan casi 30 años encarcelados, y además han sido sometidos a brutales torturas y vejaciones por parte de la policía, los funcionarios penitenciarios y sus compañeros de celda, así como a retrasos arbitrarios y vicios procesales». De ahí el llamamiento para que «sean puestos en libertad incondicionalmente y se les permita reintegrarse en la sociedad, tanto como acto de reconciliación como por lo prometido en el programa electoral del Gobierno del NPP».
El documento difundido por los grupos activistas recuerda además que una medida de este tipo no sería tan inusual y que existen precedentes. Entre otros, se cita un indulto general concedido en noviembre de 1977 por el entonces presidente J.R. Jayawardene, que ordenó la liberación de los miembros del JVP condenados a raíz del levantamiento de 1971.
Los firmantes han afirmado que la actual administración, cuyos líderes han sufrido ellos mismos la represión del Estado, se encuentra en la posición ideal para dar un paso similar. Además de solicitar la liberación inmediata de los 10 detenidos, el llamamiento formula varias propuestas de mayor alcance, entre ellas la revisión acelerada de todos los casos restantes relacionados con la PTA, en particular los surgidos tras los atentados del Domingo de Pascua de 2019. E insta a las autoridades a formular cargos formales contra los detenidos o a ponerlos en libertad sin condiciones.
La coalición pide además una indemnización justa y proporcionada para las personas que han sido absueltas tras pasar años —en algunos casos, más de una década— en prisión, y solicita la derogación inmediata de la ley marco sobre terrorismo. Hasta que la derogación entre en vigor, el comunicado insta al Gobierno a imponer una moratoria inmediata sobre la aplicación de la ley.
Por último, el llamamiento de los grupos activistas se opone al proyecto de ley sobre la protección del Estado contra el terrorismo (Psta) e invita al Gobierno a retirarlo, comprometiéndose a no introducir una legislación sustitutiva que refleje las disposiciones de la Pta. El documento cuenta con el apoyo y la firma de más de 300 personas y organizaciones: entre ellas se encuentran grupos de derechos humanos, movimientos feministas, instituciones religiosas, organizaciones de agricultores y pescadores, grupos juveniles, académicos, abogados y los principales sindicatos de docentes, trabajadores sanitarios, ferroviarios y trabajadores de la industria textil.
