Yakarta (AsiaNews)- La intensificación de los casos de violencia reportados en las noticias ha vuelto a centrar la atención en una ley para la protección de los trabajadores domésticos que fue presentada en el Parlamento hace ya 20 años. Es una realidad que afecta al menos a cinco millones de personas, la mayoría de ellas mujeres, y la falta de reconocimiento legal como categoría protegida por las leyes laborales fomenta el abuso. Por eso las ONG han renovado la presión para que se apruebe antes del cambio de guardia presidencial en octubre, que supondrá un "giro" socialmente menos sensible del liberal Joko Widodo al conservador y ex general Prabowo Subianto.
Varias organizaciones de derechos humanos y de los trabajadores están haciendo oír su voz y advierten que si no hay novedades pronto, la cuestión podría volver a postergarse indefinidamente con la renovación de la Cámara de Representantes tras la nueva investidura presidencial.
El 16 de junio activistas y ciudadanos pertenecientes a la Red Nacional de Defensa de los Trabajadores Domésticos (National Advocacy Network for Domestic Workers) se concentraron frente a la sede de la Cámara en la capital en ocasión de la Jornada Mundial de los Trabajadores Domésticos porque, como señaló la coordinadora nacional de la organización, Lita Anggraini, "el proyecto de ley fue presentado hace 20 años, pero la Cámara sigue siendo reticente a reconocerlos como trabajadores de pleno derecho. El resultado es que los trabajadores domésticos siguen sufriendo violaciones de sus derechos como seres humanos, como trabajadores y como ciudadanos".
Es difícil comprender las dificultades en el itinerario que siguió la medida en un país que no sólo tiene un gran número de personas empleadas al servicio de las familias sino que también "exporta" trabajadores domésticos a muchos países del mundo. En consecuencia la nueva norma debería ser especialmente sensible a esta prioridad.
La propuesta de ley establece educación y cualificación profesional, equilibrio de derechos y obligaciones entre trabajadores y empleadores, horarios razonables, un día libre a la semana, 12 días de vacaciones anuales, seguro médico y de empleo y una edad mínima de 18 años. También existen sanciones por agresiones y violencia por parte de los empleadores. Sin embargo, el proyecto no establece un salario mínimo ni límite de horario, ni reconoce el derecho de asociación sindical. Además, los trabajadores que sean contratados directamente por las familias y no a través de una agencia de empleo quedarían excluidos de los beneficios de la ley.
Pese a las deficiencias de la ley, de todos modos sería un avance significativo. De hecho, a pesar de haber sido incluido inicialmente en la planificación parlamentaria de la legislatura entre 2005 y 2009, y posteriormente objeto de cierto interés o algunas iniciativas de estudio, en la práctica no se han verificado avances sustanciales.
