Milán (AsiaNews) - Hoy comenzó en el Senado filipino el procedimiento de impeachment contra la vicepresidenta Sara Duterte, acusada de uso irregular de fondos públicos, enriquecimiento injustificado y amenazas de muerte contra el presidente, su esposa y el presidente de la Cámara de Representantes. Se llega así a la conclusión de un largo y complejo proceso, condicionado por los posicionamientos políticos de cara a una sentencia que no solo definirá el papel de la dirigente de 48 años que ocupa el segundo cargo del Estado, sino también su destino y el de su sector político en las elecciones presidenciales de 2028. Además, Sara Duterte también está involucrada en el proceso abierto ante la Corte Penal Internacional de La Haya contra su padre, Rodrigo Duterte, acusado de crímenes de lesa humanidad por la “guerra contra las drogas”, eje central de su presidencia entre 2016 y 2022.
Incluso los obispos filipinos se habían pronunciado sobre este tema, expresando su esperanza de que el proceso pudiera desarrollarse “sin más demoras”.
En un contexto de fuerte enfrentamiento no solo entre partidos rivales, sino también de carácter dinástico entre el clan Duterte y el del actual presidente Ferdinand Marcos Jr., el resultado del proceso en el Senado constituirá un momento decisivo para la vida política nacional. No solo porque podría prolongarse durante mucho tiempo, dependiendo del número de testigos, las pruebas admitidas y los incidentes procesales, sino porque está llamado a marcar la percepción, tanto dentro como fuera del país, de la democracia y de la justicia en Filipinas, así como de la compleja relación entre ambas.
En definitiva, lo que está en juego es la credibilidad de la Cámara Alta, integrada por 24 senadores, que debe pronunciarse por mayoría de dos tercios con un alto sentido de la responsabilidad y no en función de alianzas o relaciones personales favorecidas por la “falta de memoria”, la excesiva tolerancia y el partidismo de los electores. En este sentido, la ya precaria alianza con fines electorales de Ferdinand Marcos Jr. y Sara Duterte en 2022 puso en evidencia las peculiaridades del sistema, donde las dinastías siguen controlando una gran parte de los cargos públicos y de los bastiones electorales, que suelen estar vinculados a los orígenes territoriales de la familia. La ruptura que se produjo poco después no solo agravó las tensiones entre el presidente y su vicepresidenta —cargos de gran autoridad moral, ética y política— sino que también se extendió al Parlamento.
El primer “visto bueno” de la Cámara de Representantes al impeachment fue en diciembre de 2024, casi un año después de las primeras acusaciones. El segundo, en febrero de 2025, fue posteriormente desautorizado por un fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema, que en junio de ese año lo “congeló” hasta el pasado mes de febrero, cuando la Cámara de Representantes examinó nuevamente el caso y confirmó el envío del expediente al Senado. Por otra parte, la Constitución establece que corresponde precisamente a la Cámara Alta desempeñar el papel de tribunal en este tipo de casos.
Lo que algunos sectores políticos y sociales vieron como un golpe de Estado ocurrió el pasado 11 de mayo, cuando el regreso al Senado, tras varios meses de ausencia, del exjefe de policía y fiel partidario de los Duterte, Ronald dela Rosa —prófugo y con una orden de arresto internacional por los mismos crímenes atribuidos a Rodrigo Duterte— permitió que el bloque pro-Duterte obtuviera la mayoría y que Alan Peter Cayetano, vicepresidente durante el mandato de Duterte padre, tomara el control de la institución. Un mes después se produjo un nuevo cambio de alianzas y de presidencia. Ahora, las posiciones vacilantes de otros senadores y el procesamiento por enriquecimiento ilícito del senador Rodante Marcoleta, aliado de Sara Duterte, podrían introducir nuevos giros en el proceso y dar lugar a alianzas que hoy resultan difíciles de prever.
