Manila (AsiaNews) - El presidente saliente de Filipinas, Rodrigo Duterte, vetó una ley aprobada por el parlamento que habría obligado a los titulares de tarjetas SIM a registrarse y a los titulares de cuentas en línea a usar sus nombres reales. Considerando estas limitaciones y "con la intención de disuadir los delitos fomentados por la comunicación electrónica", Duterte decidió vetar la disposición.
La decisión se anunció en un comunicado de prensa del portavoz de Duterte y secretario de Comunicación Presidencial, Martin Adanar. El presidente, confirmó Adanar, dijo que le preocupaba que la ley "pueda dar lugar a una situación de peligrosa injerencia y vigilancia del Estado, que hubiera puesto en peligro muchos derechos garantizados por la Constitución".
En cuanto a las tarjetas Sim, la disposición se habría aplicado no solo para los nuevos propietarios sino también - en un plazo de 180 días - para aquellos que ya tienen una, bajo pena de desactivación. Los que hubieran activado una nueva cuenta social deberían haber proporcionado su nombre real y número de teléfono. La iniciativa de esta ley fue de la senadora Grace Poe (miembro de la oposición política a Duterte) con el objetivo de evitar la propagación de la ciberdelincuencia y crear condiciones de mayor seguridad en el ámbito de la telefonía móvil y el ciberespacio.
En Filipinas, donde la penetración de las redes sociales y de Internet en general es muy alta, la desinformación, la difamación anónima, la agresión verbal, la calumnia y la incitación al odio están muy extendidas. Y también pasan por la red informaciones de carácter terrorista, estafas y fraudes de diversa índole y entidad.
La intervención del presidente - muchas veces enfrentado con las redes sociales por la difusión de críticas a sus políticas y que hace todo lo posible para limitar la información en su contra, incluso con métodos violentos - se debió probablemente a una parte de la disposición relativa a las redes sociales que no estaba incluida en el proyecto de ley inicialmente presentado en el Senado, que se considera potencialmente anticonstitucional y por lo tanto necesitaría un mayor discernimiento.
La ley que se ha vetado es el resultado de la convergencia de dos propuestas distintas que se discutieron en ambas cámaras parlamentarias y establecía multas de 200.000 pesos (unos 3.500 euros) para las empresas de informática, sus empleados, agentes o revendedores que difundieran información sobre un abonado. También se imponían reglas estrictas a los operadores de servicios telefónicos y requería el consentimiento por escrito del suscriptor en caso de solicitarlo un tribunal o investigadores, cuando existiera la sospecha de que el número se estaba utilizando con fines delictivos.
