Manila (AsiaNews/Agencias) - Cuando faltan menos de dos meses para las elecciones previstas para el 9 de mayo, el presidente saliente de Filipinas Rodrigo Duterte ha firmado oficialmente la entrada en vigor de la ley que permitirá a los inversores extranjeros poseer la mayoría de las acciones incluso en empresas de sectores estratégicos como las telecomunicaciones y el transporte aéreo. La enmienda suprime el límite de participación del 40% previsto por la Ley de Servicios Públicos, que a partir de ahora solo quedará vigente para la red de distribución de energía eléctrica, el agua potable, las empresas petroleras, los puertos y los medios de transporte público.
"La flexibilización de las restricciones para las acciones extranjeras atraerá a más inversores globales, modernizará varios sectores del servicio público y mejorará la prestación de servicios esenciales”, argumentó Duterte. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OSCE) ha recibido con satisfacción esta liberalización porque considera que Filipinas tiene una de las normas más estrictas del mundo en materia de inversiones extranjeras, lo que desanima a los inversores. Los críticos de la nueva ley afirman en cambio que la apertura de sectores clave a los extranjeros podría constituir una amenaza para la seguridad nacional, en una clara alusión a China, con la que Manila mantiene una disputa sobre las aguas territoriales.
China Telecom ya posee el 40% del nuevo operador de telecomunicaciones filipino Dito Telecommunity, que lanzó sus servicios el año pasado. Por su parte, State Grid Corporation of China posee el 40% de la electricidad del país. La Autoridad Nacional para la Economía y el Desarrollo rechazó las críticas citando el hecho de que la ley otorga al presidente la facultad de bloquear las inversiones cuando esté en juego "el interés de la seguridad nacional".
