Bangkok (AsiaNews) - Las autoridades tailandesas han decidido en los últimos días expulsar a Y Quynh Bdap, conocido activista vietnamita por la defensa de las minorías étnicas de su país y fundador de la organización Montagnards Stand for Justice, que entre otras cosas trabaja para documentar ante las Naciones Unidas los límites impuestos por las autoridades vietnamitas a las actividades religiosas y a las libertades fundamentales.
Y Quynh Bdap se encuentra en Tailandia desde 2018 con el reconocimiento del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y, si realmente es deportado, le espera una condena de 10 años de cárcel después de que en enero fuera declarado culpable en rebeldía de terrorismo en Vietnam.
La decisión del tribunal de Bangkok confirmó la solicitud de extradición presentada por Hanoi por la presunta implicación del activista en el ataque del año pasado contra puestos de policía en la zona del centro-norte de Vietnam habitada por una treintena de grupos étnicos diferentes, comúnmente denominados Montagnards (montañeses).
El 1 de octubre, víspera del veredicto, el activista se había reunido con funcionarios de la embajada de Canadá, a la que había solicitado asilo. Basaba en ello sus esperanzas de una solución más favorable a su caso, así como en un recurso basado en el riesgo de violaciones de derechos humanos a su regreso.
Muchos han expresado su preocupación por la suerte del activista de 32 años, pero el asunto es una confirmación del trato que Bangkok dispensa a quienes han buscado refugio en el país, que no es signatario de la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados, aunque esté más abierto que otros a la acogida temporal.
En el pasado reciente, grupos de refugiados de la perseguida etnia rohingya en Myanmar han sido repatriados contra su voluntad, así como chinos de etnia uigur que huían de la provincia de Xinjiang, hmong que huían de la persecución en Laos y cristianos que sufrían discriminación y amenazas en Pakistán. La presencia de refugiados que intentan salvarse de conflictos o persecuciones políticas y religiosas es una fuente de vergüenza para Bangkok, a pesar de la contribución internacional a la ayuda, y las relaciones bilaterales con los países de origen llevan a menudo a la decisión de repatriar por la fuerza a contingentes de refugiados.
La semana pasada, el rechazo por amplia mayoría parlamentaria del proyecto de ley sobre la integración de las minorías étnicas, que son unas sesenta y representan en total el 10% de la población tailandesa, también causó perplejidad y algunas disensiones. En varios casos han sido objeto de discriminación, expulsión forzosa de sus tierras y exclusión de los derechos fundamentales. La razón aducida por un diputado conservador es que el reconocimiento de los grupos étnicos como «pueblos indígenas de Tailandia» podría haber sido «injusto» para la mayoría tailandesa.
