Bangkok (AsiaNews) - Decenas de activistas tailandeses se manifestaron frente a la embajada china en Bangkok para pedir a Beijing que tome medidas contra la contaminación de los ríos del norte de Tailandia, donde en los últimos meses se han detectado altos niveles de arsénico y otros metales pesados. Las sustancias tóxicas proceden de la actividad minera en el estado de Shan, en el noreste de Myanmar, donde en los últimos años, en coincidencia con la guerra civil que comenzó en 2021, la extracción de oro y tierras raras ha crecido rápidamente en las zonas controladas por grupos étnicos armados respaldados por China.
Las protestas reflejan la creciente preocupación de la opinión pública tailandesa, pero también la dificultad para identificar un interlocutor con capacidad para afrontar el problema. Beijing ha rechazado las acusaciones y sostiene que el problema debe ser abordado directamente entre Tailandia y Myanmar. Sin embargo, la realidad sobre el terreno demuestra lo contrario, porque la intervención de Beijing es el único factor que realmente podría provocar un cambio. La mayoría de las minas se encuentran, de hecho, en territorios controlados por el United Wa State Army (UWSA), uno de los grupos armados étnicos más poderosos de Myanmar, que en la práctica controla su propio territorio autónomo a lo largo de la frontera con China, país que durante décadas lo ha financiado y apoyado para proteger sus propios intereses.
Después del golpe de Estado de 2021, el control de la junta militar birmana sobre las regiones fronterizas se redujo aún más. Actualmente, extensas zonas de los estados de Shan y Kachin están administradas por grupos armados que forman parte de la oposición al régimen birmano, muchos de los cuales mantienen estrechos vínculos económicos con empresas chinas. Diversos análisis han confirmado que el aumento de la demanda de tierras raras ha favorecido la expansión de la actividad extractiva en estas zonas, ricas en minerales críticos y a menudo sin controles ambientales.
El problema adquirió hace tiempo una dimensión transfronteriza. Los ríos Kok, Sai, Ruak y Mekong atraviesan Myanmar antes de entrar en el norte de Tailandia, donde abastecen de agua potable y riegan vastas zonas agrícolas de las provincias de Chiang Rai y Chiang Mai. Las autoridades tailandesas han detectado concentraciones de arsénico superiores a los límites de seguridad, y los análisis químicos también han identificado rastros de este metal pesado en algunos habitantes de las localidades situadas a lo largo del río Kok. La contaminación ya está causando graves daños en varios sectores, como la pesca, la agricultura y el turismo local.
El caso también ha llegado al Parlamento. Norasate Prachyakorn, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, criticó al gobierno por no haber respondido en el plazo de sesenta días previstos a las solicitudes de aclaración que enviaron los expertos independientes de las Naciones Unidas sobre la contaminación procedente de las minas del estado de Shan. Las mismas preguntas se habían enviado al gobierno chino y a la junta militar birmana. La senadora instó al gobierno a iniciar negociaciones con Beijing y Naypyidaw, y destacó que la contaminación de los cursos de agua es “una amenaza urgente para la salud pública”.
Pero las zonas mineras de las que procede la contaminación no están controladas por la junta de Min Aung Hlaing, sino por el UWSA. Por lo tanto, una negociación diplomática convencional entre Bangkok y Naypyidaw sólo podría tener efectos limitados sobre territorios donde el régimen birmano no ejerce, de hecho, ningún control.
Al mismo tiempo, el diputado Kannavee Suebsang pidió al gobierno tailandés que no contribuya a la normalización internacional de la junta militar tras la reciente visita de Min Aung Hlaing a Laos, la primera a un país de la ASEAN desde que el general asumió formalmente en abril la presidencia de Myanmar. Según el parlamentario, cualquier iniciativa diplomática que involucre únicamente a la junta está condenada al fracaso, porque actualmente gran parte del país está controlada por organizaciones étnicas armadas y por las Fuerzas de Defensa del Pueblo (PDF), las milicias que se formaron tras el golpe de Estado de 2021 y que son leales al Gobierno de Unidad Nacional en el exilio.
Tailandia comparte más de 2.400 kilómetros de frontera con Myanmar, acoge a más de 80.000 refugiados birmanos y sufre directamente las consecuencias económicas, ambientales y humanitarias del conflicto. Según Kannavee, una solución duradera requiere un proceso de paz inclusivo que involucre no solo a la junta militar sino también a las organizaciones étnicas, las fuerzas democráticas y la sociedad civil.
