Milán (AsiaNews/Agencias) - En la provincia de Dak Lak, en el centro de Vietnam, la Iglesia Evangélica de Cristo de las Tierras Altas Centrales - muy extendida entre las poblaciones indígenas montañeses pero no reconocida oficialmente por el gobierno de Hanoi - denuncia persecuciones cada vez más duras por parte de las autoridades. El pastor Aga, que vive exiliado en Estados Unidos, dijo a Radio Free Asia que la hostilidad comenzó a aumentar en junio, cuando las oficinas del Comité Popular de dos comunas de la provincia fueron atacadas por bandas armadas que provocaron nueve muertes.
El 15 de noviembre la policía y los funcionarios intentaron interrumpir y registrar lo que consideraban "actividades religiosas ilegales" en una casa en el distrito de Buon Don donde se habían reunido decenas de fieles. Dos días después, la policía convocó a muchas personas que habían asistido al encuentro para interrogarlas y trataron de obligarlas a firmar un compromiso de no volver a reunirse, pero la gente se negó a hacerlo. El domingo pasado los agentes volvieron a presentarse durante la celebración dominical.
“Los obligaron a abandonar la Iglesia Evangélica de Cristo de las Tierras Altas Centrales – cuenta el pastor Aga -. Incluso los amenazaron con que, si continuaban, serían multados o encarcelados, como Y Kreč Byă y Nay Y Blang”, dos miembros de la comunidad que fueron detenidos la primavera pasada y acusados de "atentar contra la política de unidad nacional" y "abuso de las libertades democráticas".
Según un informe de Montagnards for Justice del 19 de noviembre, la policía y funcionarios locales se presentaron en los lugares de reunión de estas comunidades cristianas en la aldea de Kdun, en la ciudad de Buon Ma Thuot y en la aldea de Kŏ Dung B, tratando de obligar a los fieles a dispersarse y amenazando con castigarlos si seguían reuniéndose "ilegalmente".
Otro Informe sobre Derechos Humanos en Vietnam 2022-2023, publicado por la Red Vietnamita de Derechos Humanos, denuncia que además de quitar tierras a las minorías étnicas para empresas del Estado, el gobierno no les permite practicar libremente su fe, porque las autoridades creen que adherirse a grupos religiosos no reconocidos da origen a desórdenes sociales.
