Manila (AsiaNews/Cbcp)- "Es tarea de cada cristiano hacer de todo para impedir que alguno sea víctima del tráfico humano y para salvar cuántos cayeron en la trata, para que puedan retornar a vivir junto a su propia familia, a sus amigos y a la comunidad". En la última carta pastoral, como presidente de la Conferencia episcopal filipina (Cbcp), mons. Sócrates B. Villegas retoma la Declaración contra la esclavitud firmada por el Papa Francisco y por líderes religiosos mundiales.
El prelado, obispo de Lingayen-Dagupan, subraya que la caridad y la compasión requieren que "los cristianos ejerciten todo esfuerzo para liberar a los traficantes de seres humanos de los motivos y de las seducciones que los llevan hacia el comercio ilícito, para llevarlos actividades buenas y benéficas".
Reflexionando sobre la Biblia (Gen. 4,19), en el cual el Señor pide a Caín dónde esté su hermano Abel, Villegas pregunta a sus fieles: "¿Dónde están vuestros hermanos y hermanas convertidos en esclavos? ¿Dónde están estos hermanos nuestros y hermanas que cada día matan en negocios clandestinos, en las casas de prostitución, en la explotación del trabajo en negro? ¿Dónde están estos niños usados para pedir limosna?".
"El señor- recuerda el presidente de la Bcpc- murió en la cruz para liberar a su pueblo no sólo de las cadenas del pecado, pero también de aquel mal que va en búsqueda de toda humana debilidad y de la vulnerabilidad del individuo y de la sociedad".
Según una estimación de la International Labour Organization (Oit), cada año 1 millón de filipinos (hombres y mujeres9 emigran en busca de trabajo. Por el momento son 10 millones las personas que viven y trabajan en el extranjero. Un "número significativo" es objeto de condiciones de trabajo forzado en fábricas, establecimientos, barcas de pesca, sufriendo a menudo abusos físicos y sexuales.
También al interior del país el tráfico humano permanece como un grave problema. Filipinas es una de las metas para el turismo sexual, sobre todo de mujeres y niños. Además, el trabajo de menores es una paga difundida: en el año 2009 un documento del gobierno estima que más de 2,2 millones de jóvenes entre 15 y los 17 años son obligados a trabajar.