Yangon (AsiaNews)- Aún hoy son al menos “157 los prisioneros políticos encarcelados en Birmania (Myanmar)”, a los cuales se suman otros 453 activistas “hasta hoy en espera de proceso” por reatos ligados “a actividades políticas”. Mientras tanto el gobierno de Naypyidaw “continúa violando los derechos de sus ciudadanos, haciendo callar a los críticos y persiguiendo a la oposición”, impidiendo de hecho “el ejercicio de los derechos fundamentales de base”. Es lo que refieren a AsiaNews los activistas de Assitence Association for Political Prisioners (AAPP- Burma), entre los más importantes grupos de la disidencia en Myanmar, que obra en favor de los detenidos políticos. Los datos se refieren al balance actualizado a fines de abril de los prisioneros de conciencia birmanos.
En un informe difundido en estos días, los vértices de la AAPP-Burma, hablan de 62 activistas incriminados y 5 bajo procedimiento de detenidos. Detrás de los arrestos y las condenas la conocidísima “Sección 18” de la Ley sobre las asambleas y reuniones pacíficas, pretexto usado por las autoridades para arrestar, detener y condenar a cuántos se baten por las libertades políticas y los derechos humanos en el país.
En abril, los jueces han condenado a 16 ciudadanos por reatos de opinión o políticos. Mientras que 7 detenidos de hace tiempo fueron liberados, la mayor parte por haber cumplido los términos de la pena. Existe una especial atención, agregan aún los activistas birmanos, a las condiciones de salud de 3 prisioneros políticos: Than Swe, Wanna Soe y Aung Chan Min, que necesitan atenciones médicas inmediatamente.
Muchos de los arrestos registrados en las semanas pasadas están ligados a las protestas estudiantiles en Letpadan de marzo, reprimidas con la fuerza por la policía birmana. Hechos que han ganado las primeras páginas de los cotidianos internacionales y levantando protestas en muchas cancillerías occidentales haciendo temer el repetirse de los hechos del año 2007, cuando una protesta de monjes y jóvenes fue reprimida en sangre por las autoridades.
Justamente en estas horas inició el proceso a cargo de los 70 estudiantes (y activistas) arrestados por las manifestaciones contra la reforma escolástica. La primera audiencia se realizó ayer en Letpadan, en el distrito central de Bago, con acusaciones que varían de asamblea no autorizada a revueltas. Si se los considerarán culpables, ellos arriesgan hasta 9 años y medio de cárcel. La jornada terminó c on las decalraciones del jefe de la policía; el procedimiento fue actualizado para el 26 de mayo. Uno de los imputados, de sólo 16 años, fue liberado bajo caución y su posición retirada del proceso.
Según lo que refieren los activistas de AAPP, las condiciones de algunos de los estudiantes arrestados a continuación de las protestas son “fuente de gran preocupación”. Durante el arresto ellos han sufrido graves heridas, que a distancia de semanas no fueron todavía curadas. A los jóvenes les fue impedido hablar con los abogados y sólo raramente ellos han podido recibir visitas en la cárcel por parte de los familiares. Mientras tanto la Cámara baja del Parlamento birmano aprobó una enmienda que introduce algunas modificaciones en las controvertidas reformas de la Instrucción. Sin embargo, el nuevo texto no contiene una serie de pedidos que hicieron los estudiantes y acogidas en un primer momento por los vértices gubernamentales, durante los negociados que se realizaron en febrero pasado.