Manila (AsiaNews) – La pobreza “lleva a estas cosas. Son los niños quienes son más explotados en trabajos de cierto tipo, junto a las mujeres. Pero el fenómeno no se limita al problema de la pobreza, sino que se trata de un hecho que es, sobre todo, de índole cultural: no está establecia aún la idea de que los niños deben asistir a la escuela hasta una cierta edad”. El Padre Sebastiano D’Ambra, misionero de Instituto Pontificio para las Misiones en el Exterior, quien se encuentra en Zamboanga, comenta de esta manera a AsiaNews el informe publicado por el Observatorio para los Derechos Humanos (HRW, Human Rights Watch), que ha llamado la atención sobre los miles de menores que son explotados en las minas de oro de las Filipinas, quienes trabajan en condiciones inhumanas y son expuestos al riesgo de envenenamiento por mercurio.
No obstante la ley filipina prohibe trabajar hasta tanto se llegue a la mayoría de edad (18 años), el hecho es que niños de incluso 9 años de edad son forzados a internarse decenas de metros bajo tierra durante varias horas, y a excavar, a veces (pero no siempre) ayudados por tanques de oxígeno. Muchos de ellos mueren asfixiados. El mercurio, que es utilizado para separar el oro del mineral en bruto, puede llevar a una discapacidad y producir daños cerebrales permanentes si es usado continuamente.
A los chiquillos se les paga una miseria por su trabajo, si hablamos de un producto que cuesta a razón de 1.127 dólares cada 30 gramos de peso. Filipinas es el vigésimo productor mundial de oro y son más de 300.000 personas las empleadas en este sector. De éstas, de acuerdo a los datos de la Organización Internacional del Trabajo, al menos 18.000 son niños o niñas.
El informe de HRW fue también comentado por el Padre Edu Gariguez, secretario de Caritas nacional, para quien el fenómeno “destruye la idea de que la industria minera conduce al desarrollo. Muy por el contrario, las mineras oprimen a los pobres”. “El gobierno – según el informe – se limita a monitorear el trabajo infantil en las mineras, pero no penaliza a los empleadores”.
La explotación infantil es un fenómeno muy difundido en las Filipinas, y no se limita al sector minero. De acuerdo a un estudio conducido por la Organización Ecuménica para la Educación en el trabajo y la Investigación (EILER), que fue financiado por la Unión Europea, en las zonas mineras, por cada diez familias hay dos niños trabajando en las minas. “Es humillante admitir que no siempre las familias se oponen a la explotación de sus propios hijos – continúa el P. D’Ambra – , sino que la pobreza extrema las empuja a exponer a los menores al tráfico de personas, a la prostitución on-line y al trabajo mal remunerado”.
El gobierno, según el misionero, no es totalmente inerme frente al problema: “No tiene la fuerza para erradicar el fenómeno por completo, eso es cierto. La población crece a un ritmo tal, que las autoridades no logran apoyar o contener, y por eso hay muchísimos jóvenes. Algunas iniciativas, sin embargo, han sido implementadas – afirma el P. D’Ambra –, por ejemplo, el gobierno financia a casi 6 millones de familias pobres, aléntandolas a enviar a sus hijos a la escuela. Si no llevan a sus hijos a la escuela para que estudien, no reciben la ayuda económica. Pero esto no es suficiente”.