Beijing (AsiaNews)- Dos funcionarios comunistas de alto nivel, encargados por decenios de dirigir la vida de las religiones en China, fueron acusados de corrupción por un miembro de la Academis china de Ciencias sociales. Ambos son Ye Xiaowen, por años en el vértice de la Administración estatal para los Asuntos religiosos (Sara) y Zhu Weiqun, como jefe de la Oficina Tibet del Departamento del Frente Unido bajo la presidencia de Hu Jintao.
Jiangbian Jiacuo, conocido docente tibetano de la Academia, lanzó una serie de preguntas a ambos en Weibo, difundidísima red social china: “Director Ye: ¿cuánto dinero sacó para que terminaran en sus bolsillos?”. Los comentarios fueron quitados el 18 de diciembre pasado, pero según la agencia Ucan, ellos permanecen en sus cargos en instituto Pu Shi para las Ciencias sociales de beijing y en Invisible Tibet, dirigido por el activista Tsering Woer.
En la mira la “compra-venta” del título de tulku, o sea el “Buda viviente”, que el Partido comunista se avocó a sí rompiendo la tradición milenaria del budismo local. Según algunas fuentes, este “honor” se puede comprar en China al gobierno por 200 mil yuan (unos 30 mil dólares americanos). Se trata de un negocio, porque muchísimos fieles budistas- en el país hay uno 200 millones- están dispuestos a donar grandes cifras para ser bendecidos por los tulku.
El gobierno reconoció a unos 1.700 “Budas vivientes”, que tienen los documentos necesarios de los varios monasterios esparcidos por el país y sobre todo para el Tibet. Pero en China circulan al menos diez mil: según Jiangbian, estos números desordenados gracias a la protección de los funcionarios del Frente unido guiado por Zhu, que simplemente “han cerrado un ojo” en cambio de dinero para permitir la circulación de falsos religiosos.
También sobre los derechos hay un áspero contencioso entre las diversas comunidades religiosas y la Sara. Muchas propiedades- edificios, hospitales, escuelas, terrenos- expropiados en tiempos de Mao Zedong para un uso “a favor del pueblo”, según una ley emitida por Deng Xiaoping deberían ahora ser restituidos a los respectivos propietarios. En cambio se asiste a un uso desprejuiciado por parte de los miembros y oficinas de la Sara, que registran tales propiedades como bienes personales. Según la ley china a la Iglesia católica le deberían restituir propiedades por más de trece mil millones de euros.