Beijing (AsiaNews) – La nueva ley antiterrorismo, que entrará en vigor en China a partir del 2016, “no se presta a combatir el terrorismo, sino toda forma de protesta. Con el pretexto de la estabilidad, la misma ataca en particular las manifestaciones públicas y aquellas que sean más numerosas. Crea una emergencia creada con el fin de monitorear y reprimir a ciudadanos y a grupos organizados”. Quien lo escribió en Internet fue el reconocido disidente Hu Jia, comentando la aprobación de la discutida norma política que está a punto de efectivizarse.
El texto de la misma ya había sido presentado durante la Asamblea nacional del Pueblo en julio pasado. Ayer fue votada por la Comisión permanente de la ANP y el próximo 1ero de enero será ley. De acuerdo a los nuevos parámetros, el Ejecutivo podrá expandir de manera significativa su aparato anti-terrorista y podrá imponer a las empresas –tanto públicas como privadas- que brinden datos sensibles, ante el pedido de las agencias encargadas del tema.
La ley involucra también al Ejército de liberación popular, que a partir de ahora tendrá el permiso para tomar parte en las operaciones anti-terroristas que se desplieguen fuera de las fronteras nacionales y que sean aprobadas por la Comisión militar central. Asimismo, a nivel estatal, será creado un grupo de coordinación de anti-terrorismo, y cada gobierno local deberá conformar a su vez uno, que responderá a dicho organismo central.
Diversos analistas y disidentes han criticado las nuevas medidas de seguridad, señalando, sobre todo, la sección vinculada a Internet, puesto que de hecho elimina la libertad de expresión – ya de por sí muy restringida- en el país. El presidente americano Barack Obama declaró que había “expresado su preocupación” por dicha cuestión a su contraparte chino, Xi Jinping, en el mes de marzo de 2015.
Pero Li Shaowei, vice director de la división de Derecho penal en la Comisión de Asuntos Legislativos de la ANP, defiende el texto: “Las nuevas reglas están de acuerdo con las necesidades planteadas por la lucha contra el terrorismo. Y de hecho, son las mismas que están siendo puestas en acto en las grandes naciones del mundo”. En efecto, otros analistas, incluso europeos, destacan que también los Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña han “suspendido por tiempo indeterminado” ciertos derechos civiles – garantizados en sus Constituciones- luego de los atentados ocurridos en su territorio nacional.