Beijing (AsiaNews) - El co-fundador de una ONG que operan en China fue detenido en su camino al aeropuerto internacional de Beijing y está desde hace 10 días en un lugar desconocido. El hombre es un ciudadano sueco: el Ministerio de Relaciones Exteriores de Estocolmo confirmó la detención, pero aún no ha podido ponerse en contacto con su compatriota. Peter Dahlin tiene 35 años y tenía que ir a Tailandia: iba también su novia china.
El China Urgent Action Working Group - el nombre de la ONG - es una organización que proporciona asistencia de diversos tipos a los abogados chinos que tengan la intención de trabajar en las zonas rurales del país. También es compatible con los grupos de trabajo por los derechos humanos en China. El portavoz del grupo, dice que el co-fundador fue arrestado por cargos de "poner en peligro la seguridad del Estado. Peter fue detenido arbitrariamente y sobre la base de acusaciones falsas".
Las autoridades comunistas estarían impidiendo cualquier contacto con el activista, una clara violación del derecho internacional. Dahlin también sufre de síndrome de Addison, una enfermedad crónica del sistema endocrino que requiere cuidado diario. No está claro si la policía está permitiendo el tratamiento necesario. El arresto de Dahlin fue anunciado el día después de ser puesto en estado de cargos formales otros siete abogados chinos: abogados que han desaparecido en el verano de 2015 durante un raid nacional contra los juristas, y ahora están bajo investigación por "subversión".
Además de los abogados, Pekín parece haber decidido un nuevo estrechón en la confrontación contra las Ong. En septiembre de 2015, el Departamento para la organización del Partido Comunista de China "instó enérgicamente" a las organizaciones no gubernamentales, sindicatos y fundaciones vinculadas a la sociedad civil para "aumentar el número de miembros del partido dentro de sus propios órganos de toma de decisiones". La iniciativa, dice la agencia de noticias oficial Xinhua, "es necesario ahora más que nunca. Estas instituciones deben ser guiados en la dirección correcta a través de decisiones políticas tomadas por el gobierno central".
Además, las nuevas directrices hacen que sean "ilegales" unas 1.000 ONG que operan en el país por "poner en peligro la unidad nacional, afectar los intereses del Estado o violar el orden público". Estos son los mismos cargos que se dirigen a los activistas de derechos humanos y líderes religiosos que el gobierno quiere silenciar: es tan amplio el alcance que de hecho cualquier cosa podría caer en estos términos.