El premier Li Keqiang prevé un crecimiento que oscilaría entre un 6,5 y un 7%. La deuda pública (al contrario del PBI) crecerá un 3%. Una vez más, se promete una reforma de las empresas estatales, fuertemente endeudadas, así como una transición hacia una economía de mercado. El freno de las familias de los miembros del Partido y del Partido mismo, que no quiere perder su hegemonía. Crecen el presupuesto del ejército (7,6%) y el de la seguridad pública (5,3%)
Roma (AsiaNews) – En la Asamblea nacional de pueblo (ANP), inaugurada esta mañana en la Gran sala de la plaza Tiananmen, emergió una China plagada de incertidumbres, dividida entre el deseo de reformas, sobre todo económicas, y el imperativo de no perder el control social.
Por primera vez en 20 años, el informe anual del premier, en el primer día de la ANP, no presentó cifras precisas y absolutas, sino un “escenario” en el cual moverse.
El premier Li Keqiang anunció que el crecimiento del país podrá oscilar entre un 6,5 y un 7%, sin dar siquiera cifras y estimaciones sobre el crecimiento del comercio.
La incertidumbre deriva, ante todo, de la dificultosa situación económica mundial, pero también de las señales negativas que el país ha mostrado el año pasado: la estimación dePBI (producto bruto interno) del 7% se redujo al 6,9 (el valor más bajo en 25 años); los valores de las importaciones-exportaciones cayeron un 7% (cuando se preveía un crecimiento del 6%); la deuda pública alcanzó el 250% del PBI.
A estas señales se suman otras: grandes complejos industriales estatales endeudados, bancos yuxtapuestos en créditos laxos, gobiernos locales con balances falseados que están ahogados en deudas; el mercado edilicio en una superproducción y al borde una burbuja especulativa. Como si esto fuera poco, los gigantescos altibajos de las bolsas de Shangai y Shenzhen del verano pasado, que han visto la pérdida de 4 billones de dólares.
Desde el punto de vista social, hay un aumento de la población anciana (debido a la ley del hijo único); un vertiginoso abismo entre ricos y pobres, y la salud y las pensiones que siguen sin garantizarse.
Bajo la presidencia de Xi Jinping se ha tratado de responder a estas situaciones: la abolición de la ley del hijo único; la lucha contra la corrupción; una mayor libertad a la hora de establecer el valor de la moneda.
El dúo Xi-Li prometió una reforma económica que viese a China pasar de un país basado en las exportaciones (y en la mano de obra a bajo costo) a una mayor economía de mercado. Pero esto ha ocurrido tan sólo en una mínima parte.
En su informe, Li Keqiang reiteró que pondrá manos a la obra en las empresas del Estado, cerrando aquellas que resultan improductivas e ineficientes, reestructurando otras, y garantizando, al mismo tiempo, 100 millardos de yuan (cerca de 15 millardos de dólares) para todos los despidos que deriven de ello.
Otra decisión es el aumento del 3% en la deuda pública (respecto al PBI). El año pasado estaba previsto un incremento del 2,3, no obstante los economistas estiman que en el 2015 el incremento fue del 3,5. También está la promesa de liberar las tasas de interés, reformar la banca y las bolsas, que actualmente funcionan bajo un estricto control del gobierno, garantizando, dentro de los próximos cinco años, una duplicación del rédito per cápita respecto al 2010, además de puestos de trabajo para más de 10 millones de personas.
El clamor por reformas estuvo sonando durante años en la Gran sala del pueblo, pero ya son muchos los amigos reformistas de Xi Jinping que lo escuchan con escepticismo. Aquello que frena el paso decidido es, ante todo, el interés de las diferentes facciones presentes en el Partido, y sostenido por sus familiares, que son jefes de las empresas del Estado, y que no quieren perder sus beneficios (entre ellos, la cobertura de las deudas que efectúa el gobierno) y que, por ende, luchan contra cualquier clase de reestructuración. Pero también el gobierno parece indeciso, nombrando jefes en empresas no en base a su currículum de estudios y experiencia, sino en base a la lealtad al Partido.
Y, en efecto, el otro gran obstáculo para las reformas, es el Partido mismo, que no quiere perder su hegemonía y control. La prueba de ellos es el modo en el cual intervino en la crisis de las bolsas, a pesar de predicar la transición rumbo a una economía de mercado.
Así, mientras cientos de millones de personas piden una mayor justicia, el fin de la contaminación del aire y del agua, una distribución de la riqueza que sea más equilibrada, la respuesta del Partido sigue siendo la misma de siempre: arresto de los abogados que defienden a los pobres; arresto de activistas y blogger; silencio y control sobre los medios de comunicación.
En los últimos días, fueron sensación las críticas “liberales” de un miembro del Partido, Ren Zhiqiang, quien criticó a Xi Jinping por su pedido a los medios de que éstos mantengan una “absoluta lealtad” al Partido. De inmediato, se desencadenó una campaña de prensa contra él, y su cuenta en el micro-blog chino fue clausurada. En la ANP y en la Conferencia consultiva política del pueblo chino (que se lleva a cabo en paralelo) nadie osa decir una palabra sobre la cuestión.
Sigue, por lo tanto, el control. Para este año, el presupuesto del ejército crecerá un 7,6% (el año pasado era del 10,1); el presupuesto de seguridad pública, destinado a mantener la “estabilidad social” se incrementará al 5,3% (el año pasado era del 4,3%).
Algunos economistas dicen que con las reformas, China podría superar en poco tiempo a los Estados Unidos y convertirse en la primera economía mundial. Pero para hacer esto, el Partido debiera reformarse a sí mismo. Y el tiempo apremia.