El caso de los fármacos falsificados dio un giro violento. Ciudadanos enfurecidos asaltaron las oficinas de los organismos involucrados y agredieron al personal médico. El ministerio descarga su responsabilidad en “chivo expiatorios” y a profesionales en forma individual. Médicos y asociaciones hospitalarias promueven soluciones inmediatas para contener la crisis.
Yakarta (AsiaNews) – Consternado por el escándalo de las vacunas falsificadas, parte del sistema de salud indonesio pasa a contratacar, señalando a los responsables del caso y sugiriendo un protocolo de pautas a seguir para las familias involucradas. Ayer, tres realidades de primer plano –Asociación de médicos indonesios (IDI), Asociación de hospitales indonesios (ARSI) y la Unión de los hospitales indonesios (PERSI) – difundieron una nota conjunta, en la cual rechazan la idea “difundida” de corrupción e ineficiencia general, desmantelando las presuntas responsabilidades.
El fenómeno del tráfico ilegal de vacunas se inició en el año 2003, pero recién este año salió a la luz en toda su envergadura. Un caso que surgió luego de la muerte de un niño, al cual se le administró una ampolla conteniendo un fármaco adulterado.
El escándalo comenzó a propagarse en los medios, obligando a la policía –por largo tiempo inerte- a acelerar las investigaciones; las mismas –advierten los directivos de las asociaciones IDI, ARSI y PERSI- han echado “más de una sombra” sobre las estructuras medicas del país y sobre los profesionales del ámbito de la Salud, cuya reputación ha sido “enlodada”.
En los últimos días, muchas familias enfurecidas han lanzado duras acusaciones contra los médicos y el personal sanitario, culpables de haber “usado” vacunas falsas para obtener beneficios económicos en dinero. Además, el ministerio indonesio de Salud y la Agencia de Medicamentos (BPOM) habrían explotado el malestar común para dirigirlo contra un grupo de médicos, usándolos como “chivos expiatorios” de modo de encubrir así sus propias responsabilidades en el caso.
La semana pasada, el ministro Nila F. Moeloek difundió el nombre de los 14 hospitales y clínicas involucradas en el escándalo, alimentando así la ira y el resentimiento de gran parte de la opinión pública.
Un descontento que, en algunos casos, ha detonado episodios de violencia con ataques dirigidos a médicos, enfermeros y personal de la salud, como sucedió el 15 de julio pasado en el hospital de Harapan Bunda, en Yakarta Oriental, y, al día siguiente, en el sanatorio St. Elizabeth de Bekasi. Este último es también el único centro de salud católico implicado en el escándalo de las vacunas adulteradas.
Ilham Oetama Marsis, presidente de IDI, señala al ministerio de Salud, acusándolo de haber agudizado la crisis y de haber fomentado el descontento generalizado, al enlodar la reputación de todo el sistema hospitalario nacional. “Esperamos que haya una intervención decidida”, para que “la crisis no empeore aún más, como consecuencia de ello”.
Los directivos de las tres asociaciones han promovido algunas soluciones inmediatas para hacer frente a la emergencia: en primer lugar, mostrar su solidaridad para con las familias afectadas por el escándalo y, al mismo tiempo, prevenir episodios de violencia desatados contra médicos y personal de salud; tanto el ministerio como la agencia que se ocupa de los medicamentos deben asumir su responsabilidad en el caso y brindar soluciones concretas en el futuro inmediato; además, la mayoría de los médicos y enfermeras con “víctimas” de unos pocos elementos que han perpetrado actos deshonestos; por último, han de instituirse en el corto plazo centro de crisis, para reducir al mínimo los inconvenientes y brindar nuevas vacunas a los niños a quienes les fue administrado un fármaco adulterado.