Desde el fallido golpe de Estado de mediados de julio ha habido miles de arrestos. Al menos 26.000 personas están libres pero “bajo control judicial”. Según el ministro de Justicia, los operativos se centran en los autores y flanqueadores del golpe. El partido de gobierno se dispone a presentar ante el Parlamento el texto de la modificación institucional: busca pasar de un sistema parlamentario a uno presidencial.
Ankara (AsiaNews/Agencias) – Desde que se produjera el intento (fallido) de golpe de Estado en Turquía en julio pasado, las fuerzas de seguridad de Ankara han arrestado a más de 35.000 personas y han indagado a unas 82.000 en total. Es lo que afirma en una nota el ministerio turco de Justicia, según el cual los operativos –iniciados a la mañana siguiente del golpe, y que todavía están en curso- forman parte de la campaña emprendida por el gobierno y por el presidente Recep Tayyip Erdogan contra los (presuntos) autores y flanqueadores.
El ministro Bekir Bozdag explica que, en el círculo de personas que terminaron siendo investigadas, hay al menos 26.000 que fueron liberadas en un segundo momento, pero que no obstante siguen estando “bajo control judicial”.
En un discurso público pronunciado el 22 de octubre pasado en Afyonkarahisar y que fue difundido ayer por la prensa, el alto funcionario de gobierno confirmó las acusaciones contra el ex predicador Fethullah Gülen, quien se encuentra exiliado en los Estados Unidos y es considerado el cerebro del golpe, junto a sus secuaces.
Durante las etapas agitadas del golpe fallido ocurrido en la noche entre el 15 y el 16 de julio pasado, murieron 270 personas y hubo miles de heridos.
Desde los días que siguieron al mismo, la cúpula de gobierno y el presidente Erdogan emprendieron una campaña de purgas dirigida contra personalidades intelectuales, políticas, militares y administrativas por ser consideradas cercanas a Fethullah Gülen, quien siempre negó todo involucramiento en las operaciones. La presión fue en aumento llegando a abarcar a periodistas, a medios cercanos a la oposición, a docentes y a personal administrativo.
Todos los sectores de la vida política e institucional del país se han visto afectados por la intervención de la policía y de los servicios de inteligencia; una represión sin precedentes en Turquía, que ha registrado fuertes críticas en Occidente y que ha marcado un progresivo alejamiento entre Ankara y Washington.
En tanto, el Partido por la justicia y el desarrollo (AKP), en el poder, concluyó el trabajo orientado a la creación de un régimen presidencial en Turquía, y se dispone a presentar el proyecto de ley ante el Parlamento. Quien lo confirma es el mismísimo Primer ministro Binali Yildirim, quien declaró que se ha concluido el trabajo de redacción de la “nueva Constitución y sistema presidencial”.
Al intervenir en uno de los dos días de trabajo en torno al proyecto promovido por el gobierno, el premier agregó en dicha oportunidad que “transmitiremos nuestra propuesta al Parlamento lo antes posible”.
El presidente Erdogan, fundador del AKP, es el primero en sostener la transformación institucional del país, que, de un sistema parlamentario pasaría a ser una república presidencial. Un pasaje que rechazan los opositores, para quienes un cambio de régimen garantizaría demasiado poder en manos del jefe de Estado.