Los directivos de la Comisión firmaron una declaración conjunta. El ataque suicida costó la vida a 13 personas, entre las cuales hay dos policías. Vigilia de oración y procesión de velas en la catedral. El gobierno debe aplicar eI National Action Plan contra el terrorismo y brindar equipamiento adecuado a las fuerzas de seguridad.
Lahore (AsiaNews) – La Comisión nacional Justicia y Paz (NCJP) de la Conferencia episcopal pakistaní expresó una rotunda condena del atentado de Lahore ocurrido el 13 de febrero pasado, que costó la vida a 13 personas, entre ellas, a dos policías, y provocó heridas a otras 85. En una declaración conjunta, Mons. Joseph Arshad, presidente de la NCJP, el Pbro. Emmanuel Yousaf, director nacional, y Cecil S. Chaudhry, director ejecutivo, afirman que “el asesinato de manifestantes inocentes y de personal policial es inaceptable”. “A la vez que presentamos las condolencias por las víctimas –agregan- y manifestamos un gran respeto por los funcionarios asesinados, rogamos por sus familias y por los heridos”.
La cúpula de la Iglesia católica denuncia que “una vez más, la capital provincial de Punjab ha sido brutalmente atacada por los extremistas”. El atentado suicida frente a la sede de la Punjab Assembly, donde se estaba llevando a cabo una manifestación con la presencia de 400 farmacéuticos, fue reivindicado por el grupo islámico Jamat-ul-Ahrar, una facción del Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP), que está prohibido en Pakistán. Los radicales advirtieron que continuarán atacando oficinas estatales a modo de represalia por las medidas implementadas por Islamabad contra el terrorismo.
La NCJP y la diócesis de Faisalabad han organizado una procesión de velas y una vigilia de oración en la catedral de Lahore, para expresar la solidaridad para con los mártires y la cercanía a sus familiares. En el evento participaron sacerdotes, religiosas, estudiantes, docentes y muchos exponentes del ámbito político y de la sociedad civil. Las personas presentes pidieron al gobierno que adopte medidas decididas contra los terroristas, y que asegure que en el país sea respetado el estado de derecho.
La Comisión invitó al gobierno a “asegurar que los autores del hecho sean entregados a la justicia, a indagar en el origen de la intolerancia de los elementos extremistas y a reforzar las medidas destinadas a la protección de todos los ciudadanos”. A pesar de estar vigente un alerta por posibles atentados, agregan los católicos, “las autoridades han fracasado. Como Comisión, solicitamos sean actuadas las iniciativas previstas en el National Action Plan [la política para hacer frente al terrorismo, aprobada en 2015 por Islamabad luego del atentado de los talibanes a la escuela militar de Peshawar – ndr]. Esta debiera ser una prioridad, si es que el gobierno quiere erradicar del país el terrorismo y el extremismo”.
Además, concluye la declaración de la Comisión, los líderes de Islamabad “deben brindar equipamiento adecuado al personal de seguridad, que se ocupa de la riesgosa y valiente tarea de desactivar artefactos explosivos en todo el país”.