En Bahréin, el rey reforma la Constitución: tribunales militares para juzgar a civiles. Críticas de los activistas

De acuerdo al gobierno, la medida afectará exclusivamente a las personas involucradas en casos de terrorismo. Activistas y asociaciones pro derechos humanos advierten: es una medida “vaga”, que pude ser usada para reprimir voces críticas y el disenso. Se le redujo la pena al líder de la oposición chiita, Sheikh Ali Salman.


Manama (AsiaNews/Agencias) – El Rey Hamad del Bahréin ratificó ayer una enmienda a la Constitución, que autoriza a tribunales militares a procesar civiles. Fuentes del gobierno refieren que la medida afectará solamente a las personas involucradas en casos de terrorismo. Sin embargo, activistas y asociaciones internacionales a favor de los derechos humanos advierten que la medida es “tan vaga” que puede ser usada para reprimir cualquier voz crítica y el disenso interno.

La última vez que el tribunal militar procesó civiles se remonta al año 2011, durante los tres meses en que rigió el estado de emergencia, proclamado luego de las protestas callejeras de la población, en el período de la “primavera árabe”; un movimiento de ciudadanos que pedía mayores  derechos y democracia, que fue reprimido sangrientamente por el reino, con la ayuda de Arabia Saudita.

En esa época, cerca de 300 personas fueron procesadas por “crímenes” de naturaleza “política”. En el curso de las audiencias se habrían registrado “groseras” violaciones a los derechos de los imputados, entre ellas, la admisión de “confesiones” de culpabilidad obtenidas mediante el uso de la tortura..

Antes de la reforma, la Constitución preveía que el uso de tribunales militares quedaba reservado exclusivamente a delitos cometidos “por miembros de las Fuerzas armadas de Bahréin, de la Guardia nacional y de las Fuerzas de seguridad”, hasta llegar a una declaración de la Corte marcial.

Ahora, el texto prevé que “la magistratura militar debe ser regulada por la ley”, que deben delinearse la “jurisdicción y competencias” en relación a estas fuerzas. Según el ministerio de Justicia de Bahréin, los tribunales militares “no tendrán la autoridad para procesar civiles”. Sin embargo, todos aquellos que estén involucrados “en casos de terrorismo o en crímenes violentos”, serán proseguidos por jueces uniformados puesto que estos gestos serán considerados “asaltos armados”.

Una definición vaga y que se presta a diversas interpretaciones, advierten los activistas, según los cuales esta reforma es un “desastre” para el futuro de los procesos y de la justicia en el país. “Estamos dentro de un contexto –advierte una ONG internacional- en el cual el gobierno usa los recintos de los tribunales para reprimir cualquier forma de oposición, en perjuicio de los derechos humanos”.

Asimismo, ayer, la Alta Corte redujo la pena de reclusión al principal líder de la oposición musulmana chiita. Sheikh Ali Salman – en aquel tiempo, líder del ya disuelto Wefaq Party – deberá descontar cuatro años, en lugar de los nueve previstos en un primer momento, por haber tratado de “derrocar el sistema político” mediante el uso de la fuerza. Ahora las acusaciones han pasado a ser instigación al odio, desobediencia e insulto a las instituciones públicas

Bahréin es una monarquía del Golfo regida por una dinastía sunita, en un país en el cual la mayoría de la población (al menos el 60-70%) es chiita y hace tiempo que pide cambios constitucionales y derechos sociales y económicos. En el 2011, y siguiendo la estela de las primaveras árabes, hubo revueltas que el rey –aliado de Washington y sostenido por Riad- derrotó con tropas que fueron enviadas por  Arabia Saudita.

El año pasado, las autoridades arrestaron y condenaron a activistas y líderes religiosos chiitas además de suspender las actividades de Al-Wefaq, el principal grupo chiita de oposición. Se los ha acusado de “terrorismo, extremismo y violencia”, además del hecho de mantener lazos con una potencia extranjera (léase Irán).

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