En el tercer intento, el Parlamento japonés aprobó el polémico proyecto de ley. Para el Gobierno las nuevas reglas son necesarias para respetar la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y para prevenir el terrorismo en vista de los Juegos Olímpicos del 2020. Sin embargo, los críticos argumentan que hay restricción de las libertades y los derechos civiles que nada tienen que ver con la delincuencia y el terrorismo.
Tokio (AsiaNews / Agencias) - El parlamento japonés aprobó el polémico proyecto de ley del primer ministro Shinzo Abe, que otorga al Estado el poder de controlar y detener a las personas desde las etapas preliminares de una posible actividad delictiva. De esta manera, ha obtenido éxito en el tercer intento de aprobar una propuesta que la oposición y muchos observadores internacionales y expertos legales consideran riesgosa para los derechos civiles y políticos. El proyecto ha recibido el visto bueno de la Cámara Alta, gracias a la estratagema de saltarse un paso en la comisión.
Miles de personas han llegado a tiempo para reunirse para protestar frente al Parlamento. Temen que el siguiente paso podría ser la revisión de la Constitución. El gobierno de Abe sostiene que las nuevas reglas son necesarias para cumplir con la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, y para la prevención del terrorismo en vista de los Juegos Olímpicos del 2020, que tienen a Japón como país anfitrión. Pero los críticos argumentan que la nueva categoría de delitos incluye restricciones de la libertad y de los derechos civiles que nada tienen que ver con el crimen y el terrorismo. Por el contrario, parecen conducir a una mayor vigilancia por parte del Estado. Por ejemplo, entre 277 delitos "graves" según la ley está la organización de las sentadas de protesta contra la especulación de bienes raíces o las descargas ilegales de música.
Según algunos críticos, Abe podría allanar el camino para una revisión de la Constitución japonesa, que él considera demasiado pacifista y que ha definido la política de seguridad de Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Justamente, el mes pasado, él propuso, si bien manteniendo por ahora el artículo 9 de la Carta que rechaza la guerra, cambiar la ley sobre el derecho de defensa del país antes del año 2020.
"En la agenda de Abe hay un referéndum constitucional orientado al posible involucramiento de Japón en posibles guerras futuras", especula Koichi Nakano, profesor de Ciencias Políticas en la Sophia University de Tokio. Pero otros argumentan que Abe quería acelerar la aprobación de la ley contra el terrorismo sólo para cerrar lo más pronto posible la actual sesión del Parlamento, a fin de evitar la discusión sobre un escándalo político que lo ve involucrado en el supuesto favoritismo en el establecimiento una escuela. Una controversia que podría llegar a afectar la votación del 2 de julio, en las elecciones locales en Tokio.
Abe ha reaccionado con vehemencia a las acusaciones que afirman que las normas sólo han de ser aplicables para la prevención de las actividades terroristas y del crimen organizado. "Faltan sólo tres años para los Juegos Olímpicos en Tokio," explicó, "y tenemos que cooperar con la comunidad internacional para prevenir los actos de terrorismo. Es por eso que se promulgó la ley". Abe ya había respondido con los mismos argumentos a José Cannataci, Relator Especial sobre derecho a la privacidad en la ONU, quien oportunamente le había escrito una carta abierta, expresando sus preocupaciones por su proyecto de ley "anti-conspiración".