En base a una ley que estuvo vigente entre 1948 y 1996, miles de personas fueron obligadas a someterse a la operación, por el hecho de portar discapacidades o estar afectadas por enfermedades mentales. El 28 de marzo se inicia la causa que reclama un resarcimiento.
Tokio (AsiaNews/Agencias) – El gobierno japonés pondrá en marcha una investigación a nivel nacional sobre las esterilizaciones forzadas, que fueron impuestas ateniéndose a una ley sobre protección eugénica, luego derogada.
Los resultados de la investigación podrían representar el punto de partida para el resarcimiento de las víctimas. El Eugenic Protection Act, que estuvo vigente entre 1948 y 1996, autorizaba la esterilización de las personas con discapacidad mental, enfermedades mentales o trastornos hereditarios, con el objetivo de prevenir los nacimientos de progenies “inferiores”. Por largo tiempo, las autoridades de Tokio se mostraron reticentes a investigar sobre la espinosa cuestión. La decisión de poner en marcha un primer estudio de alcance nacional viene a responder a un reclamo presentado por un grupo multipartidario y por el vicegobernador de Hokkaido.
En tanto, algunas víctimas están comenzando a presentar pedidos de resarcimiento. El primero es el de una mujer de unos 60 años proveniente de la prefectura de Miyagi, que el 30 de enero presentó una causa contra el gobierno, afirmando que fue operada por la fuerza, cuando era adolescente. El proceso contra el gobierno se iniciará con una primera audiencia el día 28 de marzo en la sede de la Corte distrital de Sendai.
Según el ministerio, cerca de 25.000 personas fueron sometidas a procedimientos de esterilización en base a la antigua ley, y 16.500 de ellas fueron operadas sin su consentimiento. Sin embargo, resulta difícil verificar la identidad de las personas afectadas, puesto que son pocos los documentos que han sobrevivido, donde consten los nombres de quienes fueron operados. Una investigación conducida por la agencia de prensa Kyodo ha recogido los nombres de 3.596 personas en 27 de las 47 prefecturas de Japón. La nueva investigación debiera basarse en la colaboración con cada una de ellas para obtener documentación de las autoridades que llevaron adelante las operaciones.