Se cumplió la condena a muerte de Zaini Misrin de 53 años. Estaba acusado por el asesinato de su empleador en 2004. Durante el proceso, se le negó el derecho a la defensa y extrajeron su confesión valiéndose de engaños. Desde que Mohammed bin Salman subió al poder, se ha duplicado el número de ejecuciones.
Riad (AsiaNews) – El verdugo saudita ha vuelto a bajar su brazo, esta vez, decapitando a un trabajador inmigrante indonesio, por un homicidio que el hombre habría cometido en el verano de 2004. Activistas y organizaciones en favor de los derechos humanos protestan por la falta de tutela de los derechos del imputado, quien no pudo gozar de asistencia letrada y cuya confesión fue extraída a través del uso de engaños durante el proceso. Además, las autoridades habrían aprobado la ejecución sin previo aviso al gobierno de Yakarta que, a través de su presidente Joko “Jokowi” Widodo, había elevado un pedido de clemencia.
Según informa la ONG Migrant Care, que se ocupa de la situación de los trabajadores indonesios en el mundo, Zaini Misrin – quien trabajaba como chofer de un auto- fue ajusticiado mediante la decapitación el día 18 de marzo. El hombre, de 53 años, fue arrestado en 2008 por el asesinato –ocurrido cuatro años antes- de su empleador.
A lo largo del proceso, el imputado sufrió presiones; los jueces habrían extraído su confesión mediante el uso de la fuerza, privándolo de la asistencia letrada y brindándole apenas un traductor durante las audiencias en el recinto. Hay testigos que refieren que fue precisamente el intérprete quien le extrajo la (presunta) confesión, valiéndose de un engaño, por un crimen que el hombre no habría cometido.
Además, Arabia Saudita no notificó a Indonesia sobre la inminente ejecución, dejando al margen del asunto al ministerio de Relaciones Exteriores y al consulado indonesio en Yedá. “El proceso contra Misrin y su ejecución –subraya en un comunicado el director de Migrant Care, Wahyu Susilo – representan una flagrante violación a los derechos humanos”. El hombre también habría sufrido “presiones e intimidaciones” de las autoridades sauditas.
En los últimos años, el presidente indonesio Widodo elevó varios pedidos, solicitando la extradición del hombre. Su caso surgió incluso en el encuentro que tuvo lugar en 2015, entre el jefe de Estado indonesio y el rey Salman, durante la visita del monarca al país asiático. Sin embargo, los reiterados llamamientos fueron desatendidos.
Un informe elaborado por algunos expertos de AFP muestra que, desde que empezó el año, Arabia Saudita ha ajusticiado a cuando menos 30 inmigrantes, de varias nacionalidades. Y desde que subió al poder el príncipe heredero Mohammed bin Salman (MBS), las ejecuciones se han más que duplicado: desde su nombramiento en junio del año pasado, el verdugo ha bajado su brazo en cuando menos 133 ocasiones, a diferencia de las 67 en los ocho meses precedentes.
Desde hace años, las asociaciones que defienden los derechos humanos y muchos gobiernos occidentales luchan por imponer al reino saudita (sunita wahabita) procesos justos y ejecuciones menos brutales. Arabia Saudita –donde rige una estricta observancia de la sharia, la ley islámica- es el único país del mundo donde la condena a muerte puede ser llevada a cabo con la decapitación en plaza pública.
En el reino, la pena capital está prevista para quienes sean hallados culpables de homicidio, robo a mano armada y tráfico de drogas, pero también en los casos de brujería y sodomía. No menos crueles con las condenas por crímenes menores, como el hurto o el delito de opinión, para los cuales, además de la cárcel, se prevé al corte de la mano o el pie, y la flagelación en una plaza mayor.
En el pasado, el número de ejecuciones fue tan elevado, al punto de llegar a la “carencia” de verdugos.