El jefe de Estado ha reintroducido la pena capital para los delitos vinculados con el narcotráfico. El Consejo constitucional y la Comisión de Derechos Humanos reivindican el derecho a la defensa de todos, incluso de los criminales que están en prisión.
Colombo (AsiaNews) – Dos grupos que defienden los derechos humanos en Sri Lanka, incluso aquellos de las personas que se encuentran detenidas, han criticado la decisión del presidente Maithripala Sirisena de restablecer la pena de muerte contra los narcotraficantes. Por su parte, el jefe de Estado ha tratado de silenciarlos, sosteniendo que hay muchos países del mundo donde rige la pena capital. Sin embargo, los activistas no se han dejado intimidar y ratifican la absoluta independencia de las organizaciones. En virtud de ello, han presentado una declaración firmada por más de 100 personas y 15 asociaciones de la sociedad civil.
A principios de febrero, Sirisena anunció que su gobierno procedería a anular una moratoria que regía desde hace 43 años. Mientras los funcionarios se dedican a reclutar dos verdugos, los primeros que corren peligro de morir en la horca son los vendedores de drogas y los narcotraficantes encerrados en las cárceles de la isla. La decisión del presidente, según fue admitido por él mismo, fue tomada luego de una reunión con su homólogo filipino, Rodrigo Duterte. Este último mandatario es el promotor de una brutal guerra contra la droga en las Filipinas, que hasta ahora ha causado más de 5.000 muertos oficiales (pero según los activistas, las víctimas suman más de 12.000).
La medida del presidente fue criticada por representantes de la Iglesia católica, por miembros del Consejo Constitucional (CC) y por la Comisión de Derechos Humanos de Sri Lanka (HRCSL). Por su parte, el 6 de febrero, Sirisena acusó frente al Parlamento a “las instituciones [como la CC y las HRCSL], que debieran sostener al Estado en la lucha contra la mafia de la droga, y no obstaculizarlo, en su intento de proteger los derechos de los criminales que están tras las rejas”. Los dos órganos contestaron la acusación de Sirisena, reivindicando su “independencia” e invocando “respeto”.