El objetivo de la visita es evaluar la “conformidad” de las finanzas vaticanas con las reglas internacionales contra el lavado de dinero y el financiameinto del terrorismo, tanto en el marco legislativo como en la actuación de los programas. El inicio de la visita y el caso Becciu.
Ciudad del Vaticano (AsiaNews) - Hoy se inició en el Vaticano la visita de una parte del Comité de Expertos del Consejo de Europa, cuya tarea es evaluar el cumplimiento de las medidas para luchar contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La visita forma parte de las previsiones del Grupo Moneyval y tiene por objeto evaluar el grado de “conformidad” de las finanzas vaticanas con respecto a las normas internacionales, tanto en lo relativo al marco legal como en la actuación de los programas.
“Esta fase de evaluación – informa un comunicado vaticano - se centra principalmente en la eficacia de los instrumentos legislativos y organizativos adoptados en los últimos años por las jurisdicciones, para prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo”.
“La evaluación actual de la Santa Sede forma parte de la evolución natural de un proceso que comenzó con la primera visita "in situ" en 2012 y la posterior aprobación del Informe de Evaluación Mutua de 4 de julio de 2012 y continuó con el Primer Informe de Progreso de 9 de diciembre de 2013, el Segundo Informe de Progreso de 8 de diciembre de 2015 y el Tercer Informe de Progreso de 6 de diciembre de 2017".”.
La inspección en el ámbito de Moneyval es un paso fundamental para evaluar la conformidad de las finanzas vaticanas con las normas internacionales, un objetivo al que Papa Francisco ha dedicado muchos esfuerzos desde el inicio de su pontificado, siguiendo las huellas de Benedicto XVI.
En este contexto se sitúa el caso del Cardenal Angelo Becciu, de quien un comunicado decía, el 20 de septiembre: "Hoy el Santo Padre ha aceptado la renuncia al cargo de Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y a los derechos relacionados con el Cardenalato". Por tanto, el purpurado, aunque siga siendo cardenal, no puede participar en el cónclave ni en el consistorio y tampoco asistir a Francisco colegialmente en el ejercicio del gobierno”.
La decisión de Francisco halla sus motivos en las duras acusaciones contra el cardenal, y en particular en los presuntos favores que este último habría tenido hacia tres hermanos suyos, además de una gestión no transparente de los recursos financieros de la Secretaría de Estado, incluido el Óbolo de San Pedro, mientras ocupó el cargo de suplente, hasta el 2018.
Una de las acusaciones forma parte de una causa judicial que involucra un inmueble londinense en Sloane Avenue, un caso que estalló en el pasado otoño y en el que están implicados seis funcionarios de la Secretaría de Estado, que fueron suspendidos y posteriormente removidos de sus respectivos cargos.
Por su parte, el cardenal declara que es inocente y en una conferencia de prensa, al día siguiente de la decisión de Francisco, dijo, entre otras cosas: “Espero que tarde o temprano, el Santo Padre se dé cuenta de que ha habido un fuerte malentendido”; “espero que no haya sido manipulado”. (FP)