El (proscrito) Partido Comunista filipino le declara la guerra a las empresas chinas

La cúpula del CPP ordenó a su brazo armado (NPA) atacar aquellas compañías y proyectos vinculados a Beijing. Alegan que estas contribuyen al saqueo y a la destrucción de los recursos marinos y naturales. Por su parte, Duterte y el gobierno de Manila relanzan la alianza con los chinos, a la que definen como “de interés” estratégico para la nación.


Manila (AsiaNews/Agencias) - El Partido Comunista Filipino - al que Manila ha declarado ilegal - ayer ordenó a su brazo armado atacar a las compañías y objetivos chinos que participan en proyectos de infraestructura. Bajo su mira también se encuentran las empresas estatales vinculadas al gobierno y al partido, que fueron incorporadas a la lista negra de los Estados Unidos, por ser artífices de la “militarización” que Beijing lleva adelante en el Mar de China meridional. 

El anuncio llega a seis semanas de la toma de posición del gobierno de Manila - enemigo jurado de la guerrilla comunista de los últimos 50 años -, que ratificó que no seguirá las indicaciones de Washington y que mantendrá, o más bien reforzará, los lazos con China. En la mira hay empresas y compañías dedicadas a la construcción de islas artificiales y bases militares en las aguas disputadas del Mar de China meridional, que constituye el centro de una añosa disputa en la que también participan Vietnam, Malasia, Taiwán y Brunéi. 

De las 24 empresas afectadas por las sanciones estadounidenses, hay cuando menos una que participa de proyectos de infraestructura en las Filipinas. En el comunicado difundido ayer, el Partido Comunista Filipino (CPP) no hace clara referencia a las compañías chinas que estarían bajo su mira. Sin embargo, subraya que éstas participan en la construcción de instalaciones de Beijing y “en el saqueo y la destrucción de los recursos marinos del Mar filipino occidental, en violación de la soberanía nacional”. 

“Algunas de estas compañías - prosigue la declaración - están implicadas en proyectos de infraestructura a gran escala, para construir caminos de acceso a las minas y diques que invaden cada vez más profundamente las tierras ancestrales de las minorías y los bosques en varias zonas del país”. Estos proyectos, agrega, “no solo causan el desplazamiento de miles de personas y agricultores” que dejan sus tierras, sino también el caos en el ecosistema natural de los bosques restantes”.

Marco Valbuena, vocero del brazo armado del Partido Comunista [CPP’s New People’s Army, NPA], confirma que las compañías chinas y los guardias que custodian la seguridad de estos establecimientos, “son objetivos” a atacar. El líder de la guerrilla comunista filipina agrega que la cúpula del movimiento tiene la intención de “centrar la atención” de la política internacional sobre lo que definen como una “destrucción generalizada”, que las compañías chinas perpetran sobre el ambiente y el ecosistema de la nación. 

A principios de septiembre, la administración del presidente filipino Rodrigo Duterte afirmó,  con tono desafiante, que no quería cortar los lazos estrechos con las compañías chinas, que han invertido millardos de dólares en mega-proyectos. En este sentido, el vocero presidencial Harry Roque reafirmó que la intención del gobierno es continuar con la colaboración, siendo que “es un interés de la nación” completar estas importantes iniciativas para contribuir al desarrollo de la nación.