En abril, el rey Salman había levantado la sentencia de muerte para los menores de 18 años. Sin embargo, los fiscales saudíes continúan armando la mano del verdugo. Human Rights Watch: La monarquía wahabí utiliza "spin doctors" para hacer alarde de un progreso que parece inexistente. Uno de los imputados tenía nueve años en el momento de los hechos.
Riad (AsiaNews) - Los fiscales saudíes a cargo de procesos que involucran a menores de edad continúan pidiendo la condena a muerte del imputado, a pesar del reciente anuncio de la cancelación de la pena de muerte para los menores de 18 años en el momento del delito. Así lo confirman los activistas de Human Rights Watch (HRW), quienes comentan que Riad solicitó recientemente la ejecución de ocho jóvenes acusados de delitos de pensamiento y de fomentar protestas. En un caso, la persona tenía sólo nueve años de edad en el momento de los hechos.
En abril, el Rey Salman había promulgado un decreto por el que se ponía fin a las condenas a muerte para los delitos cometidos por menores. Además, estipulaba una pena máxima de 10 años de prisión en una cárcel de menores. Sin embargo, en el momento de la publicación de la ley no se indicó la fecha de entrada en vigor de la reforma. Los grupos de activistas advirtieron que la pena de muerte seguía siendo válida.
Por otro lado, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, suscrita por Riad, establece que la pena de muerte no debe aplicarse a los delitos cometidos por menores. Esta es una práctica común en el reino wahabí, una de las naciones del mundo que registra uno de los mayores niveles de represión de los derechos humanos, perpetrada principalmente por los aparatos del Estado.
Human Rights Watch accedió recientemente a las denuncias vinculadas a dos procesos colectivos, uno de los cuales incluye a ocho hombres en el estrado desde el 2019. Los presuntos delitos habrían sido cometidos entre los 14 y los 17 años de edad; uno de ellos hoy tiene 18 años, y se lo acusa de un crimen no violento, que habría cometido a la edad de nueve años. Todos los imputados cumplieron dos años de prisión preventiva.
El vicedirector de HRW para el Oriente Medio, Michael Page, habla de los “spin doctors saudíes” [voceros saudíes, ndt] que usan las reformas de la magistratura como “marketing”, para hacer alarde de un progreso que, si nos atenemos a los hechos, parece inexistente. En la práctica, los fiscales "ignoran descaradamente" las disposiciones de carácter reformista y "continúan como si nada hubiera pasado". Si Riad fuera serio en el camino de la reforma "del sistema penal, debería comenzar por prohibir la pena de muerte para los delincuentes juveniles", independientemente del delito que se les atribuya, concluye Page.
En el caso de los ocho menores, el Ministerio Público - que se refiere directamente al monarca - ha presentado varias acusaciones que no parecen ser, en absoluto, delitos penales. Entre ellas se incluye el intento de "desestabilizar el entramado social participando en protestas y ceremonias fúnebres", así como "cantar eslóganes hostiles al régimen" e "intentar fomentar la discordia y la división". Todos los imputados proceden de la provincia oriental, donde vive una gran parte de la minoría chiíta, que suele ser blanco de ataques y persecuciones en el reino wahabita.
En realidad, el decreto no sería aplicado a los delitos Qisas (en los casos de homicidio) o Hudud, los relativos a la interpretación que Arabia Saudita da de la fe islámica y que prevén penas específicas. Fuentes de HRW informan que dos de los acusados, al-Nimr y al-Fara, sufrieron torturas durante el interrogatorio y en la fase inicial de la detención, además de que se les negó asistencia letrada.
El año pasado Riad ajustició a 37 personas, en el marco de una ejecución en masa. Una de ellas era menor de edad en el momento de los hechos.