Un empresario afirma que le entregó un soborno de 500.000 dólares. Los abogados tienen prohibido reunirse con la "Señora". Redadas nocturnas casa por casa para expulsar a los manifestantes. Obligan a los habitantes a desmantelar las barricadas. Más de 210 muertos y 2.200 detenidos.
Rangún (AsiaNews) – La junta militar presenta nuevos cargos contra la líder democrática Aung San Suu Kyi, que podrían condenarla a 15 años de prisión. La televisión estatal ha difundido un vídeo en el que el empresario de la construcción Maung Weik dice haber entregado a la "Señora" -como la llama la población- un soborno de 550.000 dólares para conseguir beneficios para sus proyectos. Según él mismo dice, no hubo más testigos.
La acusación de soborno se suma a otros cuatro cargos, relacionados con la posesión de unos walkie-talkies extranjeros (violación de las leyes de exportación); la violación de las normas anti-Covid; la celebración de mítines de incitación contra el Estado; el uso de fondos para ayudar a una fundación a construir un centro de formación profesional en Naipyidó, pagando el terreno a un precio inferior al del mercado.
En su intento de destruir la imagen de la líder democrática, cuyo partido ganó las elecciones de forma arrolladora en noviembre pasado, las autoridades también prohibieron a los abogados reunirse con Aung San Suu Kyi.
La "Señora" se encuentra bajo arresto domiciliario desde el primer día del golpe de Estado. Lo cierto es que en todas las manifestaciones que tienen lugar en el país - contra las prohibiciones y el toque de queda impuesto por los militares - piden su liberación y la de todos los presos políticos.
Mientras tanto, continúan en todo el país la huelga general y la desobediencia civil: los bancos, oficinas y comercios permanecen cerrados. La Junta incrementa la violencia y la represión. Esto se observa especialmente en Rangún, donde las fuerzas de seguridad llevaron a cabo redadas puerta a puerta amenazando con matar a la gente en sus casas y arrestando a los manifestantes que se escondían.
En varias ciudades se han levantado barricadas para impedir los ataques de los uniformados. El ejército ha dado órdenes para que los residentes de cada barrio despejen las calles de todos los obstáculos. Algunos barrios han comenzado las tareas de desmantelamiento, pero muchos se niegan y dejan las barricadas en medio de las calles. Según las asociaciones de derechos humanos, hasta ahora los militares han matado a más de 210 manifestantes y arrestaron a unos 2.200.