Expertos y activistas exigen la participación de profesores, educadores, padres y alumnos. Los intereses del estudiante se deben garantizar sin ningún tipo de discriminación. La enseñanza de los preceptos islámicos hará que los alumnos de otras religiones se nieguen a asistir. Piden que se incremente el presupuesto para educación.
Lahore (AsiaNews) - "La nueva política educativa propuesta por el gobierno viola los derechos constitucionales de las minorías religiosas". Esta es la alarma que lanzó el Grupo de Trabajo para la Inclusión Educativa y el Centro de Justicia Social en una reunión celebrada el 20 de marzo, en vísperas del lanzamiento de la reforma educativa nacional.
Los participantes en el debate presentaron posibles soluciones a problemas como el bajo nivel de alfabetización y el bajo nivel de la educación. Pidieron que se respete un proceso de consulta inclusivo que involucre a docentes, educadores, padres y estudiantes. También pidieron un programa de formación para docentes que tenga en cuenta aspectos como el pensamiento crítico, los derechos humanos, la justicia social, la construcción de la paz y la aceptación de las diferencias culturales y religiosas.
Según Riaz Ahmed Shaikh, decano del Departamento de Asuntos Sociales del Shaheed Zulfikar Ali Bhutto Institute of Science and Technology, el sistema de consulta propuesto por el Ministerio de Educación no es democrático: “La nueva política [educativa] debería basarse en el consenso nacional, garantizando los intereses de los estudiantes sin ningún tipo de discriminación”.
Abdul Hameed Nayyar, un educador de renombre a nivel nacional, señala que la nueva ley establece la enseñanza de los preceptos islámicos en materias que son obligatorias para estudiantes de todas las religiones. Esta decisión, explica, empujará a muchos alumnos no musulmanes de la escuela primaria a abandonar la escuela. "La educación - agrega Nayyar - sufrió mucho bajo la dictadura de Muhammad Zia-ul-Haq. La reforma hará aún más daño”.
Para Peter Jacob, director ejecutivo del Center for Social Justice, independientemente de las mejores intenciones, la reforma necesita una financiación adecuada, sin la cual no puede tener éxito. Propone aumentar en un 4% el presupuesto del sistema educativo nacional.