Hace muchos años que no ocurría un caso como este en China. El hombre, que después murió junto con otras cuatro personas, supuestamente lo hizo por una disputa con las autoridades sobre una indemnización. Entre 2005 y 2015 los gobiernos locales arrebataron tierras a millones de agricultores. Los jueces no consiguen limitar el poder de los funcionarios locales.
Guangzhou (AsiaNews) - Un agricultor detonó una bomba casera en una oficina pública en la aldea de Mingjing (Guangdong). El hecho ocurrió el 21 de marzo. Murieron cuatro personas junto con el atacante y cinco resultaron heridas. Supuestamente el hombre tomó esa decisión a raíz de una disputa con las autoridades locales sobre la indemnización que le correspondía tras la expropiación de unas tierras.
La zona agrícola en cuestión, donde viven unas 3 mil personas, fue elegida el año pasado para un proyecto de desarrollo urbano. Un gran constructor de Shanghai recibió el encargo de recrear un antiguo pueblo para convertirlo en una atracción turística. La iniciativa abarca 270 acres de tierra que tienen un valor de 8.000 millones de yuanes (1.200 millones de dólares) y requiere el desplazamiento de varias familias.
Hace muchos años que no se producía un ataque de este tipo contra las instituciones, en este caso la oficina local para la gestión de los derechos de uso de la tierra. Durante décadas, las autoridades han ordenado el desalojo de agricultores o la requisa de sus tierras para dar lugar a grandes planes de urbanización. Estas operaciones, a menudo ilegales y caracterizadas por la corrupción, han provocado numerosas protestas sociales.
Según un estudio de la Universidad de Hong Kong publicado por RTHK, entre 2005 y 2015 los gobiernos locales arrebataron tierras a entre uno y cinco millones de agricultores por año. En muchos casos, esto se llevó a cabo violando la ley nacional sobre el uso de tierras agrícolas o sin ningún tipo de compensación.
El episodio de mayor resonancia internacional ocurrió en 2011, cuando miles de habitantes de la aldea de Wukan se levantaron contra las autoridades locales acusándolas de haber vendido sus tierras a grupos privados sin pagarles una compensación adecuada. Los manifestantes solo terminaron las protestas después de obtener concesiones "políticas y económicas" de Wang Yang, entonces secretario provincial del Partido Comunista de China y actual miembro del Comité Permanente del Politburó.
Para limitar los abusos de los funcionarios locales, el gobierno central ha otorgado a los jueces mayor discrecionalidad para decidir en los casos de expropiación. Los observadores señalan, sin embargo, que la reforma no tiene ninguna eficacia, dado que el poder judicial depende demasiado del poder político.