El presidente filipino no cooperará con la corte. La fiscalía de la CPI ha pedido que se autorice una investigación sobre los homicidios que ocurrieron durante la lucha contra las drogas que decidió el hombre fuerte de Manila.
Manila (AsiaNews / Agencias) - El presidente Rodrigo Duterte "nunca cooperará" con la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la "guerra contra las drogas" que comenzó en el país en 2016. Así lo afirmó hoy Harry Roque, portavoz de el gobierno, calificando el proceso como "jurídicamente improcedente".
Fatou Bensouda, fiscal saliente del CPI, pidió ayer a los jueces del tribunal internacional que autoricen una investigación sobre los presuntos asesinatos de civiles por parte de la policía filipina. Según datos oficiales, más de 6.000 personas han muerto en más de 200.000 operativos antidroga que se realizaron desde julio de 2016. Según activistas de derechos humanos, la cifra podría ser mucho mayor.
En caso de riesgo para sus vidas, Duterte había ordenado a las fuerzas de seguridad que mataran a los presuntos narcotraficantes. Muchos presuntos delincuentes son incluidos en "listas de control" especiales, reciben luego visitas de la policía y mueren en tiroteos mortales. En la mayoría de los casos, los agentes dicen que dispararon en defensa propia.
La fiscal Bensouda ya había abierto una investigación preliminar en 2018; en respuesta, Duterte retiró a Filipinas del CPI. Por eso el gobierno de Manila afirma que el tribunal no tiene jurisdicción sobre Filipinas. Sin embargo, Bensouda afirmó que el tribunal puede investigar los delitos cometidos durante los años en que el país todavía era miembro.
En su declaración, el fiscal jefe (que a partir de mañana será el abogado británico Karim Khan a partir de mañana) dijo que en base a la información disponible existe una base sólida para creer que la policía filipina ha matado ilegalmente a varios miles de personas durante el período que va desde julio de 2016 hasta marzo de 2019.